Casi 36.000 gallegos testan en vida en solo dos años para esquivar el pago de impuestos

Son cada vez más los gallegos que deciden repartir sus bienes en vida. Durante el primer trimestre del año, Galicia registró 3.977 pactos sucesorios intervivos, lo que se traduce en una media de 44 cada día. El balance del arranque de 2018 confirma la tendencia al alza en este tipo de trámites tras la avalancha que provocó la reforma fiscal de la Xunta en 2016, por la que quedan exentas del Impuesto de Sucesiones las herencias inferiores a 400.000 euros de padres a hijos o entre cónyuges) junto con la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de ese mismo año por la que se eximen los pactos sucesorios en Galicia del pago del IRPF. Estos cambios han llevado a casi 36.000 gallegos a testar en vida desde el año 2016, un balance de solo dos años y tres meses que representa el 40% de todas las transmisiones intervivos suscritas en la última década -más de 86.000- y que suponen más del doble que la media anual registrada antes de las bonificaciones tributarias, según datos publicados ayer por del Colegio Notarial de Galicia.

Hasta enero de 2016, un contribuyente gallego tenía que desembolsar por el Impuesto de Sucesiones hasta 20 veces más que en otras comunidades. Un ejemplo basta para ver el alcance que tenía este tributo en Galicia antes de la reforma de Facenda: un heredero que recibía dos pisos y 30.000 euros en el banco tenía que costear una factura fiscal de unos 27.000 euros, frente a los apenas 1.200 euros que tendría que pagar por ese mismo patrimonio un contribuyente afincado en Madrid.

Pero desde hace dos años las bonificaciones fiscales en Galicia permiten al 99% de los herederos en línea ascendente o descendente (padres-hijos, abuelos-nietos y cónyuges) no tener que pagar nada al fisco por el legado recibido. Pero estas rebajas empiezan a verse amenazas por el Ministerio de Hacienda, que se propone que todos los territorios cobren por cada testamento al que se le da el sí quiero con un tipo máximo y mínimo para así evitar la actual brecha fiscal entre comunidades.

Durante los años anteriores a la reforma tributaria de la Xunta y a la sentencia del Supremo, la comunidad gallega se movía entre los 6.500 y los apenas 7.400 pactos sucesorios al año. Desde entonces se han disparado con más del doble de testamentos que se abren en vida: casi 16.500 el año pasado, un 7,4% más que los más de 15.000 contabilizados el ejercicio anterior -primero tras los cambios tributarios- y un 124% más que los 7.345 notificados en 2015.

En los primeros tres meses de este año fueron 3.977 los gallegos que testaron en vida, según el balance avanzado ayer por el Consejo Notarial de Galicia, lo que representa un 1% más que el mismo periodo de 2017 -entonces se registraron 3.940 transmisiones intervivos-. La provincia de A Coruña concentra en el arranque del año casi el 40% de los legados de este tipo (1.560), seguida de la de Pontevedra (35,5%, con un total de 1.414). El volumen de pactos sucesorios en Ourense y Lugo es mucho más bajo, con 393 y 610 tramitaciones respectivamente entre enero y marzo.

Desde la reforma fiscal de la Xunta y la exención del pago del IRPF que falló el Supremo, ya son casi 36.000 los gallegos que testaron en vida para poder acogerse a las ventajas fiscales en la comunidad. Cerca de 14.700 transmisiones fueron gestionadas desde 2016 para legados en la provincia de A Coruña, 12.700 para herencias en Pontevedra, más de 4.700 proceden de la provincia de Lugo y las más de 3.700 restantes de bienes legados en vida en Ourense.

Con los contratos sucesorios, se trata de anticipar un beneficio adjudicando en propiedad un bien antes del fallecimiento; bien para establecer una mejora respecto al resto de hermanos o para anticipar la legítima a alguno de los herederos y evitar problemas futuros. Esta práctica es un reflejo de la historia de la Galicia de la emigración: se anticipaba la herencia en vida para que los hijos tuvieran un capital y pudieran salir adelante.

¿Pacto sucesorio o legado tras el fallecimiento? Los notarios llaman a reflexionar sobre la situación particular de cada familia, tanto personal como económica, ya que además de pensar en los motivos fiscales se debe analizar también si esos bienes se pueden necesitar en un futuro.