Detenerlos no es tarea fácil. Pero más complicado es dar con testimonios clave y pruebas incriminatorias en el lugar del delito que permitan llevarlos a juicio y finalmente dictar una sentencia condenatoria por haber prendido fuego al monte. Hallar una garrafa de gasolina o un bidón de disolvente en el maletero de un sospechoso o encontrar un vehículo en las proximidades de un foco no es suficiente para sentar en el banquillo a un incendiario. En busca de pruebas de peso, ya que los simples indicios no bastan y el arma del delito -en este caso la cerilla o el mechero- quedan reducidos a cenizas por el propio fuego o incluso por las labores de extinción, agentes de la Policía Autonómica y la Guardia Civil peinan los montes gallegos y las zonas del rural más amenazadas por las llamas para disuadir a los delincuentes forestales e investigar quién está detrás de cada hectárea que se quema en Galicia. En los primeros seis meses de este año, ambos cuerpos policiales detuvieron a 63 incendiarios -32 fruto de investigaciones de la Policía Autonómica y 31 por parte de la Guardia Civil), lo que se traduce en una media de diez arrestos cada mes.

Este balance se queda por debajo de los 101 arrestados por delitos de incendios forestales en el primer semestre de 2017, un ejercicio que estuvo marcado por el déficit hídrico con cinco estaciones consecutivas con falta de precipitaciones que llevaron de decretar la prealerta por sequía en toda Galicia e incluso a elevarla al máximo nivel en pleno mes de diciembre. Las condiciones meteorológicas tienen una gran incidencia en los delitos contra el medio ambiente. La sequía, altas temperaturas y el viento fuerte se convierten en un auténtico cóctel molotov para los montes gallegos. Si se da en un mismo momento la regla de los tres 30 (más de 30 grados de temperatura, más de 30 kilómetros por hora de viento y menos de 30% de humedad) la propagación de un incendio, ya sea intencionado o fruto de una negligencia (quemas por rastrojos) está casi asegurado, según advierten los expertos.

La temporada de alto riesgo en Galicia este año se extenderá por primera vez hasta el próximo 31 de octubre. Se suma así un mes más al período de alta actividad incendiaria decretada por la Xunta tras la ola de incendios de octubre del año pasado, que redujo a cenizas casi 50.000 hectáreas de monte.

En los primeros seis meses de este año, la provincia de Ourense concentró el grueso de las detenciones o imputaciones realizadas por Policía Autonómica y Guardia Civil. Por incendios en los montes ourensanos fueron arrestados entre enero y junio 33 sospechosos, el 52% del total en la comunidad. Con un balance similar se saldaron las operaciones practicadas en A Coruña (13 detenidos, el 20,6% de Galicia) y Pontevedra (11, el 17%). Cierra la lista Lugo, con seis arrestados durante el primer semestre.

En el mapa de la Policía Autonómica aparecen un total de 25 concellos en los que detuvieron a algún incendiario en lo que va de año -ocho de la provincia de A Coruña, uno de Lugo, 12 de Ourense y cuatro de Pontevedra-, según el balance facilitado por la Consellería de Presidencia. Dos de ellos ya suman tres arrestados: Muros y Ourense. Tanto Boiro como Celanova y Maside tienen dos casos.

No pocos de los arrestos practicados son fruto del seguimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a incendiarios reincidentes, que salen de prisión o del psiquiátrico tras cumplir condena.