Los salarios son la principal fuente de ingresos para la mayoría de los gallegos. Pero hay otra parte, cada vez más numerosa, donde el sustento económico familiar no depende ya de las remuneraciones del trabajo o de otra actividad, sino de las prestaciones sociales, englobando estas tanto pensiones de jubilación o subsidios de desempleo como las no contributivas, como la Risga. Y este colectivo no para de aumentar porque evoluciona parejo al envejecimiento de la población de Galicia. Debido a esta razón, ya son 115 ayuntamientos en los que la fuente principal de ingresos de los hogares son las prestaciones sociales.

En 2010 eran 81 los concellos que se encontraban en esta misma situación, pero en 2015 se sumaron 34 más a la lista. Lo que supone, nada menos, un incremento del 42% en seis años, según los datos difundidos ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

"El paulatino envejecimiento de la población se traduce en un aumento del número de concellos cuya principal fuente de renta son las prestaciones sociales distintas de las remuneraciones de asalariados", destaca el IGE.

La mayoría de estos municipios pertenecen a la provincia de Ourense (57) y a la parte más interior de la de Lugo (44), si bien también hay algunos en las de Pontevedra y A Coruña. Así, en Forcarei, Cerdedo, A Lama, Agolada, Covelo y Rodeiro, en la vertiente más oriental de Pontevedra, y Carnota, Mazaricos, A Baña, Santiso, Antas de Ulla, Toques, Sobrado y Ortigueira en A Coruña, la principal fuente de ingresos de las familias es la percepción de toda clase de fondos públicos, ya sean como pensiones, subsidios de paro, ayudas de emergencia, rentas de integración o pagas por viudedad.

En el año 2015 las prestaciones sociales suponían el 32% de la renta disponible total de Galicia -el dinero de que disponen los hogares destinado al ahorro y al consumo-, si bien en más de un centenar de concellos (115) superan el 50%.

Hilando más fino, el IGE también advierte que en la mayoría de los ayuntamientos las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores son inferiores a las prestaciones que reciben los residentes en ese término municipal. Tan solo en siete ayuntamientos, Ames, Oroso, Culleredo, Oleiros, Cambre, Teo y Arteixo (todos ellos en la provincia de A Coruña) resulta que las cotizaciones superan en volumen a las prestaciones sociales que se perciben. La razón es que disponen de una elevada masa asalariada y una alta tasa de actividad que genera más del 80% del presupuesto familiar de ese ayuntamiento.

Como el concello más rico de Galicia, el Instituto Galego de Estatística ha identificado al de Oleiros (A Coruña), con una renta por habitante de 24.230 euros en 2015, lo que supone un 75% por encima de la media gallega, que es de 13.838 euros per cápita.

Otros seis ayuntamientos tienen una renta media por habitante que supera en quince puntos o más al promedio gallego en el año 2015: se trata de A Coruña, Santiago de Compostela, As Pontes de García Rodríguez, Ourense, Bergondo y Lugo. Los ayuntamientos de Culleredo, Nigrán y Teo se encuentran también entre los 10 ayuntamientos con más renta por habitante.

A Coruña es la provincia gallega con una mayor renta bruta disponible, con 14.751 euros por habitante en el año 2015. Le sigue Lugo, con 13.419 euros; Pontevedra con 13.203 euros y por último, la de Ourense tiene la menor renta por habitante, con 12.933 euros. En las cuatro provincias la renta sube con respecto a 2014.

La estructura de los ingresos y de los gastos es diferente en las cuatro provincias. En las provincias de Lugo y Ourense la aportación de las prestaciones sociales a la renta bruta disponible es mayor y, por el contrario, la de las rentas del trabajo asalariado es inferior.

La provincia de Lugo es la que registra un mayor peso de las rentas mixtas (procedentes del trabajo no asalariado), un 21,5%, de la renta disponible bruta en el año 2015.

En la provincia de A Coruña destacan, en términos comparativos con las otra provincias gallegas, las rentas de la propiedad, que suponen el 7,6% de la renta. Estas rentas se obtienen como propietarios de un activo financiero (intereses o dividendos) o de un activo material no producido (rentas de la tierra).