Los grupos con representación en el Parlamento de Galicia han sido incapaces de pactar una iniciativa de consenso para la recuperación del pazo de Meirás. La devolución de la residencia oficial de veraneo del dictador llegará al pleno del Parlamento por tres vías. PP, En Marea y BNG acudirán a la sesión con propuestas propias pese a que todos los partidos han hecho reiterados llamamientos a la unidad en este asunto durante el último año.
La Junta de Portavoces que se celebró ayer incluyó finalmente en el orden del día del pleno tres proposiciones no de ley que comparten la reclamación al Gobierno central de iniciar los trámites para la reversión del pazo de Meirás a dominio público a través de la correspondiente demanda civil.
El PPdeG mantiene su propuesta, dirigida a trasladar al Estado el informe de la comisión de expertos impulsada por la Xunta y a instarle a abrir la puerta a reclamar por la vía jurídica la devolución del pazo por su notorio uso como residencia oficial mantenida con fondos públicos durante toda la dictadura.
En Marea y BNG añaden otros preceptos en sus respectivas propuestas. Ambos inciden en su oposición a pagar a la familia Franco por los gastos en que hubiesen incurrido desde 1975, posibilidad a la que hace alusión el informe de los expertos de la Xunta en base a su consideración de poseedores de "buena fe".
El portavoz de En Marea, Luís Villares, acusó ayer al PP de "tener mucho interés en pagarle a la familia Franco" pese a que "el pazo está pagado y requetepagado". La líder del BNG, Ana Pontón, rechaza también que los herederos del dictador reciban dinero público y avanzó que reivindicará otros bienes como la Casa Cornide o las esculturas del Mestre Mateo.
La vicepresidenta de la Diputación, Goretti Sanmartín, ha remitido una carta al ministro de Cultura, José Guirao, en la que solicita una reunión "para hablar de los caminos a seguir" para recuperar el pazo de Meirás. La responsable provincial defiende la vía propuesta por los juristas de la Xunta Pro Devolución do Pazo de Meirás, que pasa por reclamar la anulación del acto de compraventa del inmueble de 1941 al considerar que fue es "ficticio".
