La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, considera en un auto sellado el 22 de junio que Vendex, una de las empresas investigadas en la macrocausa de la operación Pokemon, habría obtenido "beneficios presuntamente ilícitos" que suman más de 295 millones de euros.

En este auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez alude a los informes de Vigilancia Aduanera para indicar que los "beneficios presuntamente ilícitos" de esta compañía se situarían en los 295.067.927,17 millones de euros.

La juez instructora mantiene la existencia de "determinadas prácticas empresariales supuestamente delictivas llevadas a cabo por los administradores y delegados" de este grupo empresarial, que incluye entre otras compañías a Doal, PAU y Sermasa, y que tiene su sede en Madrid.

Así, resume que "la actividad investigada se habría cometido presuntamente, tanto en el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia, donde arrancó la investigación, como en otras comunidades autónomas, tales como Cataluña y Mallorca".