El Ministerio de Fomento mantiene las obras de la conexión de alta velocidad entre Galicia y Madrid "en los mismos términos" que el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, por lo que de producirse un retraso en el calendario que fija su puesta en marcha parcial y en fase de pruebas a finales de 2019 se debería a un "engaño y a la herencia recibida" del PP, cuya gestión se analizará con la auditoría anunciada sobre el departamento por el ministro José Luis Ábalos. "No hay ninguna medida que permita retrasar un solo segundo ninguna obra", sostuvo hoy el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, tras entrevistarse por la mañana con el ministro.

El cambio de Gobierno ha reavivado los cruces de acusaciones sobre la llegada del AVE, retrasada a finales de 2019 en fase de pruebas por parte del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tras la caída de este, el Ministerio de Fomento anunció un chequeo a la herencia recibida. "Vamos a auditar los plazos del AVE porque algunos se dieron para quedar bien", expuso Ábalos. La Xunta replicó asegurando que no admitiría "ni un mes de retraso" en las obras.

Esa situación fue analizada esta mañana entre el ministro y Gonzalo Caballero en un encuentro entre ambos en la sede de Fomento, en la que participó también el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, Xoaquín Fernández Leicega. La reunión fue previa al primer contacto de la gira que ambos realizarán hasta el miércoles para analizar la situación de la Unión Europea con varios comisarios comunitarios.

"El Gobierno está comprometido con mantener los plazos", sostuvo Caballero, quien apeló a la necesidad de desvelar si los indicios de "engaños y falacias" que sobre la llegada de la obra vertió el PP desde la Xunta y desde el Gobierno central se concretan.

De hecho, recordó que el propio presupuesto estatal de este año, elaborado por el PP y que gestionará el PSOE, indicaba que sería 2025 la fecha de entrada en funcionamiento de la obra al completo, incluyendo la variante de Ourense, postergada en el calendario fijado para 2019.

Caballero insistió en que la gestión de las inversiones se mantiene tal como estaba prevista, reservando para la obra 660 millones de euros en las cuentas de este ejercicio. "No existe ningún vacío de poder", aseguró en alusión al hipotético retraso que produciría de traspaso de poderes y el nombramiento de cargos intermedios en los ministerio. Es más, ahí lanzó un rejonazo a un PP y a un Alberto Núñez Feijóo "centrados en otras cosas", en alusión al proceso para elegir líder estatal.

No fue la única cuestión sobre la mesa en el encuentro con Ábalos, pues también se analizó la situación de la Autopista do Atlántico (AP-9), tanto en lo relativo a la cesión de la titularidad, vetada por el Gobierno de Rajoy en varias ocasiones, como a la supresión de peajes que el Gobierno aplicará a medida que venzan las concesiones. Sobre este punto, Caballero culpó a Rajoy y Feijóo de la ampliación hasta 2048 -el máximo permitido- de la concesión de la AP-9, cuya primera expansión de contrato la firmó el PSOE. Sobre la cesión, consideró que el ministro está abierto a esa opción. Leiceaga recordó que se tramitará un ley para ello, aspecto al margen del poder ejecutivo.

Caballero también incidió en la necesidad de aclarar cuestiones de la vía como la inauguración del puente de Rande ampliado, que seis meses después sigue en obras. "El sector público tendrá que mantener la vigilancia sobre la concesionaria", declaró.

Tras este encuentro, Caballero y Leiceaga se entrevistaron con el comisario de Agricultura, Phil Hogan, en la sede de la Comisión Europea en Madrid, donde mantuvo varias entrevistas.

Caballero le trasladó la necesidad de garantizar la Política Agraria Común como instrumento de impulso al medio rural y evitar que los cambios para dar mayor libertad en la distribución de los fondos a los Estados se traduzcan en una "renacionalización" de la agricultura, dando prioridad a algunos sectores que limiten la competencia entre los socios miembro.