La Xunta desvía 3,8 millones previstos para vivienda pública a ayudas por la explosión de Tui

De los aproximadamente 5 millones de euros que la Xunta destinará a conceder ayudas a las víctimas de la explosión de material pirotécnico almacenado de forma ilegal el pasado 24 de mayo, que mató a dos personas, hirió a 37 y afectó más de un centenar de casas, 3,87 proceden de partidas destinadas a vivienda pública que "tenían difícil o imposible ejecución este año".

Este trasvase interno de dinero fue autorizado seis días después de la tragedia y uno antes de que el Consello del Ejecutivo gallego aprobase su línea de aportaciones para las víctimas de la tragedia. El día 7 de este mes se abrió oficialmente el plazo para solicitar aportaciones con que paliar los daños de la deflagración. Para la rehabilitación o reconstrucción de casas de residencia habitual, la administración gallega aportará un máximo de 125.000 euros -110.000 por la casa y 15.000 por el ajuar-, cifra que desciende a los 46.200 en el caso de domicilio ocasional -44.000 y 2.200, respectivamente-, más una ayuda para alquilar vivienda de 450 euros mensuales durante dos años y un abono de 600 para gastos como la fianza.

La mayor parte del dinero liberado por la Xunta supone una reorientación de fondos, es decir, se quitan 3,87 millones de euros que se iban a gastar en promocionar vivienda pública, según los presupuestos autonómicos, y se dedican a las citadas ayudas. "La Xunta se autoimpuso un necesario ejercicio de auxilio y se hizo un reajuste de partidas de Vivenda, sacando de donde no se va a poder gastar o donde se puede posponer para atender lo más rápido posible esta emergencia", explican fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda, responsable del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), organismo que realiza la operación contable.

De los 3,87 millones citados, la mayor parte proceden de actuaciones en dos promociones de viviendas de Vigo y A Coruña, que suman 3,2 millones, y en ambos casos el departamento dirigido por Ethel Vázquez culpa de la imposibilidad de ejecutar esos fondos a los retrasos de los respectivos gobiernos municipales del PSOE, en el primer caso, y de Marea Atlántica, en el segundo.

El caso de Vigo copa 2,2 millones del total, fondos destinados en principio para suelo residencial en el barrio de San Paio de Navia y que Vivenda prevé que no podrá gastar este año por "el retraso en la aprobación de la modificación del plan parcial" de la zona por parte del ayuntamiento olívico, que imposibilitará iniciar las expropiaciones antes de 2019. En el caso de A Coruña, se trata de un millón dirigido a construir 40 viviendas en el parque Ofimático. Pero el "retraso" del concello en la aprobación de la concesión postergó el inicio de las obras.

Otros 470.000 euros proceden de una partida del plan Rexurde destinado a promotores que rehabiliten inmuebles, pero está pendiente de la aprobación de la Lei de Rehabilitación. Los 200.000 euros finales corresponden a ayudas de vivienda concertada que "se pueden reprogramar".

Pese a la publicación en el Diario Oficial de Galicia de los tres decretos que activaban esas aportaciones y la simplificación burocrática que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó como inédita para facilitar que llegasen cuanto antes a los afectados, estos. Aun así, ayer mismo la Asociación de Afectados de Paramos -la parroquia tudense que sufrió la explosión- denunció que "nadie" había recibido aún dinero alguno.