Al Prestige todavía le queda una larga singladura judicial por delante y corre el riesgo de que el Brexit le deje sin amparo legal para pelear en Reino Unido por el pago de los daños. Quince años después de la marea negra que tiñó de chapapote más de 3.000 kilómetros de costa, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre el alcance de las indemnizaciones por el desastre medioambiental que causó el viejo monocasco frente a la costa de Fisterra en noviembre de 2002. Hasta que el Alto Tribunal resuelva, España no podrá dar la batalla legal en Londres, donde la aseguradora del petrolero tiene su sede, un proceso que se complica por la salida definitiva de Reino Unido de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019.

La Audiencia de A Coruña acaba de desestimar la petición planteada por la Abogacía del Estado de ejecución provisional de la sentencia del Prestige, dictada en noviembre del año pasado y la que el tribunal fijaba las cuantías de las indemnizaciones: más de 1.600 millones frente a los 4.300 que reclamó la Fiscalía durante el juicio. No obstante, las administraciones solo podrán recibir de la aseguradora del petrolero, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, un máximo de mil millones de dólares (845 millones de euros) de la póliza suscrita por la armadora.

Ante la reclamación de la Abogacía del Estado, a la que se adhiere la Fiscalía de Medio Ambiente en Galicia, y con la que se proponía evitar que el Brexit frustrase el pleito por las indemnizaciones, la Sala de la Audiencia de A Coruña argumenta que "no es procedente acceder a tal solicitud" por varios motivos, entre ellos, porque no cabe la "ejecución provisional de un auto" que fija las compensaciones que corresponden a cada parte. ¿El motivo? El auto fue recurrido ante el Supremo, de manera que si los magistrados del Alto Tribunal estimaran finalmente en todo o en parte los recursos de casación interpuestos llevaría a una "situación de consecuencias imprevisibles", según informa el TSXG.

Aunque la reclamación de la Abogacía del Estado ya fue presentado el pasado mes de marzo, la huelga del personal de Xustiza no permitió que el escrito fuese remitido hasta abril a las partes, a las que se les dio diez días para pronunciarse. Una vez lo hicieron, la Audiencia resolvió que no procede atender la petición de la Abogacía del Estado. Frente a la decisión del tribunal de A Coruña cabe recurso de súplica.

El auto que fija la factura a la baja por los daños de la marea negra del Prestige llegó un año y diez meses después del fallo del Supremo que modificó parcialmente el que la Audiencia de A Coruña había emitido en 2013. El Alto Tribunal abrió entonces la puerta a la vía de la responsabilidad civil al condenar al capitán del viejo petrolero, Apostol Mangouras, a dos años de prisión por un delito medioambiental, frente a los nueve meses que le impuso la Audiencia por desobediencia. Ahora, el Supremo tendrá que resolver los recursos presentados contra las indemnizaciones fijadas por la Audiencia de A Coruña, un procedimiento que todavía está en su fase inicial y que podría demorarse hasta el próximo año.

El proceso judicial que se abra en Londres tras la resolución de los recursos en el Supremo se augura largo y complejo. Y el tiempo juega en contra de España ya que la salida de Reino Unido de Europa puede frustrar la batalla judicial en Londres, donde la aseguradora tiene su sede, por lo que se trabaja para dar la mayor celeridad posible a la demanda.