Productores, comerciantes y almacenistas de los 33 concellos declarados en cuarentena por la plaga de la polilla guatemalteca -15 en la provincia de A Coruña y 18 en la de Lugo- están obligados a deshacerse de la patata, ya sea la almacenada de cosechas anteriores como la comprada para siembra de este año y, en consecuencia, tienen prohibido plantar al menos hasta el próximo año.
La ampliación del plazo dependerá de la evolución de la plaga: si se erradica se levantará el veto y si no se logra contener se evaluarán nuevas medidas de vigilancia y restricción. Quienes se nieguen a seguir el plan de control del Ministerio de Agricultura y de la Consellería do Medio Rural se enfrentarán a multas de entre 300 y 3.001 euros, según la gravedad de la infracción.
Hace apenas dos semanas, se interpuso la primera multa en Galicia por incumplir la normativa. El afectado fue un agricultor de Cariño (A Coruña) que plantó en su leira patatas pese a tratarse de una zona demarcada en la que está prohibo por ley. El importe de la sanción alcanza los 3.000 euros, pero se quedarán en 1.800 por pronto pago y colaboración, según detallan fuentes de Medio Rural, ya que aceptó arrancar las patatas plantadas para autoconsumo.
Aunque desde la Xunta apuntan que los casos de incumplimiento son "aislados", ayer en la zona de Ortegal se levantaron dos actas de posible infracción.
Un año y cuatro meses después de la entrada en vigor del decreto del Gobierno central para controlar la plaga de la patata, la Xunta continua la vigilancia de los terrenos para evitar que se extienda a otras localidades, con especial atención a zonas productoras como Bergantiños o A Limia.
