"¡Árbitro, maricón!" ya no será una expresión impune en las competiciones deportivas de Galicia. Tampoco los insultos de los padres hacia otros padres que acuden a ver a sus hijos, ni expresiones que inciten a la violencia entre los propios deportistas y entrenadores a nivel autonómico, provincial, zonal o municipal. Las multas oscilarán entre los 150 y los 60.000 euros a partir de septiembre, mes en que comienzan las temporadas deportivas, y el organismo encargado de aplicar esas sanciones será la Comisión Galega de Control da Violencia no Deporte, cuya creación aprobó ayer el Consello de la Xunta. Su luz verde definitiva se encenderá tras recibir informes preceptivos antes del verano y podrá aplicar ya las multas previstas en la Lei do Deporte del año 2012.
Un conflicto competencial entre Xunta y Gobierno central fue alegado como motivo del retraso de seis años en la activación del citado órgano, cuyo decreto aprobado ayer por la primera se basó en las aportaciones ciudadanas y del sector realizadas desde octubre pasado, tal como adelantó FARO, cuando abrió el período de consultas
Hace un mes, un árbitro no solo fue insultado, sino que fue golpeado por el padre de un jugador de categoría infantil, de entre 13 y 14 años, en Vigo. Prácticas como esta serán castigadas por la citada comisión y, a diferencia de lo que sucede ahora, no será necesaria una denuncia, pues podrá actuar de oficio siempre que se trate de un ámbito autonómico, provincial, zonal o municipal. Si atañe a una competición estatal, la competencia será del Gobierno central.
El nuevo instrumento estará presidido por la secretaria xeral do Deporte, Marta Míguez, y contará con una vicepresidencia y quince vocales. Regulará la práctica de los 300.000 gallegos federados en 5.500 clubes y con él la Xunta castigará los enfrentamientos físicos entre aficionados y los cánticos o pancartas que inciden a la violencia o tengan carácter racista, xenófobo o intolerante -al igual que las discriminaciones hacia los participantes-. Estos actos serán castigados con multas de entre 3.000 y 60.000 euros y la prohibición de entrar a recintos deportivos dos años. Si causan "daños o grave riesgo a las personas o bienes" se calificarán como muy graves y las sanciones podrán alcanzarán los 650.000 euros. Las infracciones más leves conllevarán multas de entre 150 y 3.000 euros.
En octubre pasado, la Xunta reconoció que aplicará los castigos a los padres que se pasen de la raya cuando vayan a ver a sus hijos. Aunque reconocía que es un problema "minoritario", anunció "tolerancia cero".
