La Comisión Superior para o Estudo e Desenvolvemento do Dereito Civil Galego ha concluido que Galicia "no tiene competencias para legislar sobre la custodia compartida". Este pronunciamiento deja, por tanto, en vía muerta al proposición de ley que tramita el Parlamento gallego y que pretendía implantar esta figura como "fórmula prioritaria" en las rupturas de parejas con hijos. Tanto el PP como la Xunta son partidarios de legislar en este sentido, pero querían saber si entraba dentro de las capacidades legales de la comunidad.
De esta conclusión informó ayer la Vicepresidencia de la Xunta, después de que el pleno de la Comisión de Dereito Civil acordase por mayoría remitir un informe al Parlamento en el que se establece la falta de competencia autonómica para regular esta materia.
En la anterior reunión de la comisión, el pasado 26 de abril, se había encargado la elaboración de un informe que diese respuesta a la consulta realizada por el Parlamento gallego para saber si la proposición de ley referida a la corresponsabilidad parental -admitida a trámite tras presentarse como iniciativa legislativa popular- tendría "encaje en las competencias autonómicas o correspondería al ámbito estatal".
La Xunta remarca que la Constitución confiere a las comunidades con derechos especiales la posibilidad de conservar, modificar y desarrollar su derecho propio, pero "no de forma ilimitada". Así, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige que "exista una conexión entre las figuras que ya existían y la nueva materia a desarrollar".
El informe aprobado ayer, de carácter no vinculante, señala que en Galicia "no destaca ninguna institución conexa" relativa a las relaciones paternofiliales. Añade que los principios jurídicos que sí existen se refieren casi exclusivamente a la vía patrimonial, por lo que no presentaría una conexión suficiente.
Este estudio esgrime también, entre otros argumentos, que "no procede" reproducir preceptos estatales en las legislaciones autonómicas, en tanto considera que parte de la proposición de ley puede ser vista como "una reiteración del Código Civil", lo que implicaría "la vulneración de los principios de competencia y seguridad jurídica".
Además, en el informe se incluirá, de común acuerdo, la sugerencia de que el Parlamento gallego inste a las Cortes Generales para que regulen sobre esta materia.
La ley de custodia compartida, impulsada por 15.000 firmas de particulares, llegó al Parlamento en octubre del pasado año e inició su tramitación. Sus argumentos convencieron al PP, que tenía esa normativa entre sus planes desde hace tiempo, y al PSdeG, con cuyos votos se aprobó la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular. El BNG rechazó la propuesta y En Marea ni se pronunció porque ese día para el partido instrumental tocaba hablar de incendios, aunque la formación, según expresó su diputada Paula Quinteiro, estaba dispuesta a trabajar en el desarrollo de la ley si recibía luz verde.
No obstante, tanto la diputada popular y viceportavoz Paula Prado como la socialista Patricia Vilán expresaron dudas sobre su constitucionalidad. De hecho, para Prado, el requisito previo para continuar la tramitación era escuchar "cuando menos", a la Comisión del Derecho Civil, con el fin de que facilitara asesoramiento para evitar que el Tribunal Constitucional anulara esta norma autonómica.
