El Gobierno estudia cómo conceder más poder a los vecinos de un inmueble para vetar los pisos turísticos en el mismo, sorteando la necesidad de unanimidad para prohibir ese tipo de arrendamientos entre la comunidad de propietarios, que permite al dueño del piso bloquear ese veto. Las competencias en este ámbito son autonómicas y locales, pero los ministerios de Energía y Turismo y de Justicia sondean las "posibilidades" de aprobar una norma general a la que luego puedan adaptarse comunidades y municipios.
"Las comunidades de vecinos tienen que tener una mayor flexibilidad. A veces nos encontramos con que el vecino del quinto quiere alquilar su apartamento y, aunque los demás estén en contra, como es por unanimidad, no lo puedes imponer", argumentó sobre la necesidad de entrar en esta cuestión el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el pasado día 8 en Marbella. Fuentes de su departamento confirman los trabajos conjuntos con Justicia sobre el tema.
Nadal fue claro sobre el objetivo buscado. "Se trata de crear una suma de normativa estatal y autonómica para crear un esquema que permita a las comunidades de vecinos establecer normas de manera más fácil. Cuando sean reglas de unanimidad pura y dura, basta con que el interesado se oponga para que esto no se pueda realizar. Si tienes al 95% de los vecinos en contra y solo uno a favor, ese tipo de cosas deberían tener la flexibilidad suficiente para regularlo a nivel más inmediato, de los afectados directamente", expuso el ministro, según informó Diario de Sevilla.
Los alquileres de pisos han revolucionado no solo la actividad turística, sino también el propio ecosistema de acceso a la vivienda, elevando los alquileres en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había pedido ya una norma estatal sobre el asunto y el Gobierno pretende abordar el asunto, aunque fuentes del Ejecutivo eluden concretar plazos.
En Galicia, los pisos turísticos están regulados por una norma que el mes pasado cumplió un año de vigencia y que suma ya algo más de 5.400 propiedades registradas. El decreto establece que deben alquilarse por estancias inferiores a 30 días y no arrendar habitaciones de forma individual -salvo que el dueño viva en el piso-, al tiempo que deja en manos de los concellos la capacidad para limitar el número de inmuebles ofertados. En el caso de las viviendas de empresas, el período máximo en que puede alquilarse es de tres meses.
También deja en manos de los concellos limitar el número de pisos que puedan arrendarse y se limita a respetar el consentimiento de los propietarios. "Nos rige la Ley de Propiedad Horizontal y permitir que los haya en un edificio requiere unanimidad", explica Dulcinea Aguín, portavoz de la Asociación de Propietarios de Viviendas Turísticas (Aviturga), que no tenía conocimiento de la intención del Ejecutivo central de dar poder de veto a los vecinos. "Es increíble que se intente limitar este modelo de turismo", se queja antes de pedir "regulación, pero no buscar artimañas para limitar los alquileres y demonizarlos" y reconocer las diferencias normativas entre comunidades.
El Gobierno quiere un marco común, pero mantener la competencia autonómica o local porque "no parecería muy fácil regular Marbella y Lugo con la misma norma", en palabras de Nadal.
Estas operaciones para limitar la cifra de pisos turísticos tienen, en su opinión, un responsable. "Vemos la presión del lobby hotelero", señala.
Pese las críticas a las inspecciones de Hacienda a los inquilinos ("a nadie le va un inspección cuando come en un restaurante a pedirle una factura", compara), Aguín confiesa el "optimismo" ante la campaña veraniega. "El 70% de plazas está reservada desde Semana Santa", asegura.
