Los vecinos de Vilaboa han comenzado a crucificarse de forma simbólica a lo largo de la carretera N-554 en protesta por los derribos de viviendas previstos por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Lo hacen después de que a primera hora de la mañana de ayer el primero de los 40 afectados por esta situación, Enrique López Patricio, recibiese la orden de demolición de su casa. Dos agentes de la Policía Autonómica se la entregaron en mano.

En ella, la administración autonómica le comunica un plazo de quince días naturales para ejecutar la sentencia de demolición de su domicilio. El afectado recogió la notificación pero no la firmó.

Además, los vecinos mantienen un campamento de vigilancia ante la casa de Enrique López Patricio, en el que cada noche pernoctan una decena de personas. El retén de vigilancia de la propiedad se mantiene durante toda la jornada, en previsión de que la empresa contratada por la APLU para realizar el derribo pueda aparecer en cualquier momento.

Tras la confirmación oficial de que la Xunta prevé ejecutar la orden de derribo, los vecinos y la Plataforma Salvemos Vilaboa decidieron incrementar las medidas de presión y de protesta. Ayer mismo hicieron una nueva marcha por el arcén de la carretera N-554.

La plataforma "Salvemos Vilaboa" denuncia que la Xunta ha impuesto un plazo de 15 días para hacer efectivo el derribo, plazo que no ha marcado antes en ninguna ejecución de derribo por sentencia judicial, como en los rellenos del Puerto de Marín, como ejemplo. Por eso lamentan que la Administración solo sea estricta "con los más débiles, con los que tienen menos medios para defenderse", como manifestó Enrique López.

Por otra parte, algunos integrantes de la Plataforma "Salvemos Vilaboa" proponen al gobierno local que el Concello se desvincule de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dadas las actuaciones de este organismo en el municipio. Los contrarios a pertenecer a la APLU entienden que esta agencia ha perjudicado especialmente a Vilaboa en cuanto a órdenes de ejecución de sanciones.

Ante este planteamiento de algunos vecinos y miembros de "Salvemos Vilaboa", el alcalde, José Luis Poceiro, manifestó que "un gobierno tiene que tomar decisiones" y en su momento decidió asociarse a la APLU dado que el ayuntamiento no dispone de funcionarios suficientes para encargarse de los conflictos urbanísticos. "Desde luego nunca se hizo con la intención de perjudicar a los vecinos", subraya Poceiro. En todo caso el alcalde asegura estar dispuesto a volver a revisar esta adhesión, si los grupos políticos lo piden.

En cuanto a la aprobación del planeamiento municipal, que solventaría la mayor parte de los expedientes abiertos, el regidor estima que, en el mejor escenario, el PXOM podría estar aprobado antes de acabar el año.