El sector agrario confía en que la nueva norma de la UE sancione la venta a pérdidas

La Ley de la Cadena Alimentaria española, aprobada en 2014, cuenta con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para inspeccionar las relaciones comerciales entre productores, industrias y distribución y sancionar a los que incumplen lo que dice la norma en cuanto a contratos y plazos de pago. España fue pionera en la Unión Europea en la lucha contra los abusos en el sector agrario pero la AICA no tiene competencia con la investigación y sanción de la venta a pérdidas, que corresponde a las autonomías, al igual que asegurar la calidad o seguridad de los alimentos. La pugna entre legislación nacional y europea lleva abierta desde hace años. En 2005 la directiva europea fijó cuáles son las prácticas desleales en las relaciones comerciales sin incluir la venta a pérdidas, la que se hace por debajo del precio de coste de producción.

Ahora la Unión Europea da un paso adelante y ultima otra norma contra las prácticas ilegales en la cadena alimentaria. Esta nueva disposición prohíbe aplazar el pago de productos perecederos a más de 30 días, las cancelaciones de pedidos a última hora y cambios unilaterales de las condiciones de venta.

El sector espera que esta nueva norma reconozca el desequilibrio en la cadena alimentaria en detrimento del primer eslabón, que son precisamente los productores, y sancione la venta a pérdidas. Por eso, aunque acogen la noticia con "un optimismo prudente" están a la expectativa de como se va a desarrollar la nueva norma. El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, destaca que si Bruselas admite el desajuste de los productores frente a industria y distribución sería "un gran avance" del que España -opina- debería aprovecharse para reforzar su Ley de Calidad Alimentaria, que pese a su importancia para controlar el sector, considera que está coja en cuanto al sistema para sancionar a los infractores. Santalla incide en que más de la mitad del valor del producto recae en los comercializadores y la tercera parte en las factorías que lo crean, mientras que para ganaderos y agricultores apenas queda el 20% restante.