Un millar de personas recorrieron ayer las calles de Santiago para reclamar a la Xunta que dé marcha atrás en su reforma de los montes gallegos mancomunados, ya que considera que las políticas del Gobierno gallego están orientadas a entregar los montes vecinales a la empresa privada facilitándole que alquilen durante medio siglo aquellos que sean catalogados como "abandonados".
Xosé Alfredo Pereira, presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais, convocante de la manifestación, alertó de que la introducción de modificaciones en la Ley gallega de Montes Vecinales a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos abre la puerta a la "privatización" de la gestión de los montes mancomunados y su posterior cambio de "titularidad" a la empresa. Y apuntó que, con esta nueva normativa, la Consellería do Medio Rural se convierte en "juez y parte" y podrá declarar el monte vecinal "en estado de abandono" por razones "burocráticas y administrativas", como que una comunidad "no elija en tiempo y forma" a sus representantes o incumpla "alguno de los preceptos" de la ley de incendios. "Lo importante es sacar el monte de las manos de los vecinos", apostilló.
También señaló que la declaración de monte en estado de abandono "no se va a basar en cuestiones de fondo" y lamentó que Galicia se convierta "en el primer país del mundo civilizado" en el que el incumplimiento de una ley acarrea la imposición de una sanción y la "pérdida de la tierra" en un corto período de tiempo. De este modo, continuó, una vez sea declarado en estado de abandono, el monte puede ser alquilado a una empresa privada "por 50 años", tiempo que, para Pereira, haría que "se pierda la memoria de que aquel lugar en algún momento fue vecinal".
Esta realidad tendría "el agravante" de que si la comunidad fuese capaz de subsanar los "defectos" burocráticos que provocaron la citada declaración del monte, "no podría gestionar" esas tierras hasta que concluyese la concesión de gestión a la empresa en cuestión, es decir, 50 años.
La manifestación, encabezada por una pancarta con el lema Por un plan forestal para un medio rural vivo partió superadas la 12.10 horas de la estación de tren de la capital gallega, desde donde recorrió varias de las principales calles del centro de la ciudad hasta introducirse en el casco histórico. Por el camino, los manifestantes entonaron consignas en contra de la Xunta y de sus intenciones -denuncian- de privatizar estos montes. "No, no, no a la privatización" fue uno de los cánticos más repetidos, así como "No al robo del monte vecinal", "Xunta, atiende, Galicia no se vende" o "Partido Popular, enemigo del rural".
En la protesta se pudieron ver también pancartas con motivos críticos con la gestión del Gobierno gallego en cuanto a sus políticas forestales, al que acusan de fomentar la despoblación del medio rural y de la proliferación de los incendios. La marcha terminó una hora después en la icónica plaza de A Quintana.
La protesta contó también con la presencia de representantes de dos de los tres grupos de la oposición en Galicia, En Marea y BNG, que prestaron su apoyo a la causa y censuraron las medidas dispuestas por el Gobierno gallego.
El portavoz de En Marea, Luis Villares, sostuvo que "la reforma que impulsa el PP pretende expropiarle los montes a la vecindad que los lleva explotando desde hace 1.600 años para transferírselo a empresas privadas". Por su parte, Ana Pontón, del BNG, criticó la "política de acoso y derribo por parte de la Xunta", que quiere "privatizar esos bienes comunales que además son una singularidad de Galicia" y consideró la política de la Xunta "hipotecada por los intereses de Ence", de monocultivo del eucalipto.
