La Xunta y los sindicatos de Justicia volverán a sentarse esta semana ante una mesa para negociar. Así lo anunció ayer el vicepresidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, que aseguró que convocará "esta misma semana" la mesa de negociación con los sindicatos, con la intención de que "por fin" se pueda alcanzar un acuerdo que permita desconvocar la huelga, iniciada el 7 de febrero. La última reunión data del 26 de marzo.

Rueda explicó ayer que este encuentro será "más pronto que tarde" y defendió que desde la Xunta "siempre" han dicho que están "abiertos a negociar" con los sindicatos para desbloquear el conflicto, que ha retrasado más de 20.000 procedimientos. Los sindicatos, por su parte, acordaron, tras la negativa de la Xunta a recibirlos el pasado viernes 13, la entrega de un escrito diario en el que reclaman la convocatoria de una nueva reunión de la mesa de negociación.

Sobre la ausencia del Gobierno gallego al encuentro del pasado vienes, el vicepresidente explicó que se debió que era para que se les aclarase a los sindicatos de dónde salían los 300 euros de subida que había prometido la Xunta. Esa aclaración, según Rueda, "se hizo ese mismo día por carta", por lo que justificó la negativa a celebrar el encuentro. Los sindicatos, por su parte, matizan que necesitan una explicación del origen de esos 300 euros al mes de que habla la Xunta, pues a pesar de la aclaración por escrito, "las cuentas no salen".

En la actualidad, la petición sindical es de un aumento salarial de 180 euros al mes. La Xunta, en cambio, ofrece un incremento gradual a lo largo de tres años de 133 euros para los gestores, 108 para los tramitadores y 105 para los cuerpos de auxilio.

Y mientras las partes siguen sin llegar a un acuerdo, la huelga continua dejando damnificados. El Colegio de Procuradores de A Coruña mostró ayer "su repulsa, hartazgo y hastío" por la situación de paralización que atraviesan los juzgados gallegos y la falta de acuerdo con la Xunta y "que sobrepasa el límite de lo admisible y tolerable".

El órgano colegial instó a las partes en conflicto a ejercer sus responsabilidades y a retomar de manera inmediata la mesa de negociación "no levantándose de la misma hasta alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a esta lamentable situación".

Una de las consecuencias de la huelga es la suspensión de las últimas comparecencias de peritos previstas por el juez que investiga el accidente del Alvia, ocurrido en julio de 2013 en Angrois, donde murieron 80 pasajeros y 144 resultaron heridos.

Únicamente se han producido las declaraciones de tres técnicos de la unión temporal de empresas (UTE) que abasteció a la línea del sistema de control, mando y señalización, dentro de un calendario que terminaba mañana con las ratificaciones por parte de Antonio Puyol y Esther Mateo, que realizaron peritajes por encargo de Adif.

Para la semana pasada estaban previstas también las de Ángel Luis Sanz y Pilar Calvo, que elaboraron informes sobre señalización y acerca del factor humano para el abogado del maquinista, que aquel día llegó a la curva de A Grandeira con un exceso de velocidad debido a que atendió una llamada telefónica del interventor. Además del conductor del convoy, están investigados en la causa dos altos cargos de Adif, uno de Renfe y tres miembros de la consultora Ineco.

Comisión de investigación

Lo que sí tendrá lugar mañana es la constitución de la comisión de investigación parlamentaria sobre el siniestro, seis meses y medio después de aprobarse en el pleno del Congreso, tiempo en el que estuvo bloqueada debido a la falta de acuerdo sobre quién la presidiría. Lo hará Feliu Guillaumes, del PDeCAT; con PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos abiertos a apoyarla, informa Europa Press.