Antes del inicio de la huelga del personal de Xustiza, el pasado 7 de febrero, los juzgados gallegos arrastraban más de 126.000 asuntos sin resolver. La parálisis de los tribunales ha obligado a posponer juicios hasta el año 2020, una situación de colapso que se agravará con los paros parciales y la huelga convocados ahora por las asociaciones de jueces y fiscales de toda España en defensa de la independencia judicial y de la modernización de la Justicia.
El calendario de movilizaciones arranca esta misma semana, con una hora de paro mañana -de 12.00 a 13.00 horas-, que se repetirá el jueves de la próxima semana, día 26, y los días 3 y 10 de mayo. Como última medida, los togados irán a la huelga el próximo 22 de mayo con el objetivo de que el Gobierno atienda sus reclamaciones laborales, entre las que figuran la recuperación del poder adquisitivo que perdieron tras el estallido de la crisis y la necesidad de incrementar su independencia.
Las protestas comenzaron ya el pasado día 4 con una concentración común en las puertas de los organismos judiciales de todo el país, entre ellas las diferentes Audiencias Provinciales y la propia Audiencia Nacional. Ayer, las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces y magistrados y las tres de fiscales comunicaron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a la Autoridad Laboral de la Comunidad de Madrid la convocatoria de huelga además de los cuatro paros parciales. El paso lo dieron, advierten, después de que hayan intentado "otras vías alternativas que han sido desatendidas hasta la fecha".
Los convocantes de las protestas, que se suman a la huelga del personal de Justicia en Galicia en demanda de un aumento salarial, son la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Fiscales, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Unión Progresista de Fiscales, Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Foro Judicial Independiente. Ahora quedan a la espera de que se fijen los servicios mínimos. Firmaron el documento a favor de esas movilizaciones 3.500 profesionales.
