2017 se convirtió en el año en que la Valedora miró hacia el rural. El 12 por ciento de las quejas recibidas por la alta comisionada proceden de esos entornos, un porcentaje que muestra un crecimiento “exponencial”, como Milagros Otero destacó esta mañana, con respecto a cifras anteriores (en 2016 solo supusieron el 0,01%).
El informe anual relativo al año pasado que la Valedora do Pobo entregó esta mañana al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, muestra también cómo la institución inició 224 quejas de oficio, es decir, por propia iniciativa, lo que supone una cifra nunca antes alcanzada, según destacó esta mañana. Por ejemplo, destacó cómo una “amplia actuación” permitió conocer de primera mano el funcionamiento de los mecanismos de protección social en 200 concellos con menos de 5.000 habitantes.
Precisamente las corporaciones locales protagonizan el 12% de las quejas, si se atiende a áreas temáticas. Solo la sanidad protagoniza un porcentaje tan elevado de reclamaciones. Los servicios sociales también están entre los que más preocupaciones suscitan entre los ciudadanos y la queja que más personas movilizó bajo el mismo fin fue la petición de una reforma constitucional para garantizar la revalorización y la sostenibilidad del sistema de pensiones. 13.000 personas se unieron para realizar la queja.
Problemas con la ABAU
Otro de los asuntos que movilizó más inquietudes fue el estreno de la Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade, que sumó más de mil voces en protesta por conocer “con muy poco tiempo” la forma y los contenidos de la nueva prueba, lo que los dejaba “desamparados”.
En total se presentaron 29.365 quejas, que dieron lugar a que se investigasen 2.359 problemáticas (un 0,13% más que en el año anterior). En tres de cada cuatro quejas, las administraciones afectadas aceptaron la resolución de la Valedora, incidió Milagros Otero. En la misma proporción, el 74%, afectaron a la Administración autonómica.
