Dos años después de su anuncio, la Xunta apura los trámites para aprobar en el primer semestre de este año el decreto que desarrolla la Lei de Vivenda del año 2012. Entre sus novedades figura la obligación por parte de los promotores de viviendas que quieran desarrollar su actividad en Galicia de inscribirse en un registro autonómico público al que además deberán notificar las sanciones administrativas o condenas judiciales firmes de que hayan sido objeto a lo largo de su trayectoria profesional. Con esta disposición, la Xunta quiere dar transparencia al sector y favorecer que los potenciales compradores de viviendas tengan acceso a la información sobre la situación de la empresa.
La idea inicial del Gobierno gallego era aprobar esta norma en 2016, pero ese año hubo elecciones autonómicas, lo que alteró el calendario. Y además, según explican desde la Consellería de Infraestruturas, la tramitación se alargó más de lo previsto "por la complejidad de la materia" y la necesidad de arropar con "toda las garantías jurídicas" un decreto muy extenso que toca muchas competencias. La intención, según indican las mismas fuentes, es que la norma la apruebe de forma definitiva el Consello de la Xunta antes del verano.
En ese registro específico de nueva creación, los promotores tendrán que informar también de las obras que ejecutaron en los últimos diez años y de los medios de que disponen para ejercer su actividad profesional. Con estos datos sobre el estado de las empresas se pretende "ganar en transparencia" y dar "mejor información" a los ciudadanos, según destacó en su momento la Consellería de Infraestruturas. Los posibles compradores de vivienda podrán comprobar de esta manera la profesionalidad del constructor y su solvencia, además de consultar si se le ha abierto algún expediente administrativo o si se le ha aplicado alguna sanción.
El decreto tiene por objeto unificar toda la regulación sobre viviendas protegidas y su adjudicación, el patrimonio inmobiliario del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y el suelo destinado a vivienda protegida, además del citado Registro de Promotores de Vivenda de Galicia, en el que tendrán que inscribirse obligatoriamente todos los constructores que quieran operar en la comunidad gallega. No hacerlo puede acarrear multas de hasta 30.000 euros.
Esta idea ya estaba recogida en una ley del bipartito en el año 2008, pero no pudo ser desarrollada porque agotó su mandato. Cuando el PP recuperó de nuevo el Gobierno gallego con Feijóo al frente, aprobó su propia ley de vivienda, en la que volvía a recogerse la creación de un registro para los promotores inmobiliarios con información sobre la situación de la empresa, que el que ahora se plasmará en el decreto de próxima aprobación.
Otras novedades se refieren a los regímenes de adjudicación, con tres modalidades nuevas. Una de ellas es la copropiedad, para que aquellas familias con dificultad de acceso puedan adquirir un mínimo del 60% de la propiedad, y el resto quedaría en titularidad del IGVS u otra administración local, aunque el usuario podrá adquirir la totalidad en cualquier momento.
