La ONU, a través de la comisión de cumplimiento del Convenio de Aarhus sobre participación pública en materia medioambiental, admitió a trámite el pasado día 15 una queja de entidades ecologistas sobre la "constante obstaculización" de la Xunta al acceso a la información en proyectos mineros. Por ello, Galicia, a través del Ministerio de Agricultura, deberá dar justificar su actuación ante Naciones Unidas. La Xunta ya fue condenada por la justicia por no entregar toda la información debida sobre el proyecto minero de Corcoesto, que finalmente tumbó.

La queja fue planteada por las asociaciones Petón do Lobo y O Ouriel dos Anllóns en julio pasado a propósito de las minas de San Finx, en Lousame, y de Varilongo, en Santa Comba, que reactivan la extracción de wolframio. La queja se refiere a la falta de "diversos inventarios sobre los riesgos de balsas y escombreras y de labores mineras abandonadas".