La huelga de los trabajadores de la justicia en Galicia dependientes de la Xunta -alrededor de 2.700- suma mañana un mes y la semana pasada ya había causado el atasco en la tramitación de más de un millar de certificados de defunciones y el retraso afecta ya a casi 10.000 juicios, según los sindicatos. El Ejecutivo quiere desbloquear esta cuestión en los registros civiles al considerar que esa documentación, como los certificados de nacimiento, resultan "trámites esenciales" y la imposibilidad de realizarlos "está ocasionando graves perjuicios a la ciudadanía". Por ello, reclama la mediación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que garantice el funcionamiento de los registros civiles en ese punto.
La petición consta en una carta fechada el pasado jueves y firmada por el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez, en la que el Ejecutivo muetra su "preocupación" por la "no realización de determinadas actuaciones enmarcadas en las funciones del registro civil y cuya negativa en trámites esenciales está ocasionando graves perjuicios a la ciudadanía". La carencia del certificado de nacimiento retrasa, por ejemplo, que un bebé cuente con pediatra asignado y la del de defunción ralentiza, por ejemplo, los procesos vinculados a las herencias o la tramitación de una pensión de viudedad.
Los registros civiles están paralizados y solo conceden licencias de enterramiento o algunas de las gestiones anteriores en caso de que expire el plazo para concurrir a alguna ayuda y se pierda el derecho o, en el caso de los nacimientos, que termine el plazo máximo de un mes para realizar la inscripción
Ante esa situación de forma implícita, la Xunta acusa a los trabajadores de no respetar los servicios mínimos en estos órganos vinculados a las defunciones y otroas "actuaciones de carácter urgente", como establece la orden del 6 de febrero que establece el umbral de funcionamiento asegurado en el sector en el 25% de trabajadores. "No debieran ser los funcionarios, añade la misiva, cuyo envío reveló ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Los sindicatos consideran que la ampliación de los servicios mínimos no va a ser posible porque los decretó la Xunta en base a jurisprudencias del Superior gallego y el Tribunal Supremo. "El dictamen es claro y recoge que no que se puede aplazar lo que esté sujeto a plazos o haga perder un derecho, pero por retrasarlo no se pierde porque en el caso de las ayudas lo verán satisfecho más tarde con carácter retroactivo", destaca Manuel Díaz de UGT en alusión a los certificados de nacimiento y defunción.
El Gobierno gallego fijó en su día como servicio mínimos los juicios orales con preso o los procesos sometidos a un plazo máximo o cuya demora suponga una pérdida de derechos para los ciudadanos; medidas en materia de familia, violencia sobre la mujer o libertad provisional y asuntos relacionados con la violencia de género.
