La huelga de los funcionarios de Justicia que dependen de la Xunta -gestores, tramitadores, personal de auxilio y forenses- alcanzó ayer su decimoquinta jornada con más acusaciones contra el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, por "no dar la cara" y estar ausente en las negociaciones. El paro ha provocado la suspensión de más de 7.000 juicios y miles de trámites en los registros civiles. Solo ya un millar de ellos son inscripciones de defunciones sin realizar, lo que según el presidente de la Federación Gallega de Servicios Funerarios, José Becerra, provoca problemas para gestionar trámites de herencias, al no poder expedir certificados de defunción.
El paro limita los trámites posibles en los registros civiles a licencias de enterramiento, asuntos urgentes y solicitudes de inscripción de bebés, sin que se entregue el libro de familia. Solo hay un funcionario para atender los servicios mínimos y por las tardes en algunas localidades el registro ya ni abre. Quedan paralizadas fes de vida y certificados, salvo que se acredite un perjuicio para el ciudadano en caso de que tenga que esperar. En huelga también se paralizan ejecuciones, poderes y desahucios.
Miembros del comité de huelga criticaron ayer la actitud "hipócrita" de la Xunta por, en su opinión, "amedrentar" a los funcionarios con descuentos en sus salarios durante los días de protesta. Los empleados que secundan el paro han empezado a recibir las nóminas con los primeros descuentos, una media que ronda los 400 euros. Manuel Díaz, de UGT, señala que los trabajadores pierden por día entre 60 y 80 euros en función de la categoría y que se descontó "el 25 de enero y según la provincia cinco días o seis por los festivales de Carnaval". "Es bien triste que lo que se nos descuenta es más dinero del que pedimos", lamentan.
Los sindicatos calculan que la Administración ingresa cada día más de 100.000 euros, si se tiene en cuenta que según sus cifras, más del 80% de los 2.700 funcionarios de Xustiza apoyan la huelga. En este sentido, el vicepresidente de la Xunta ya declaró el pasado fin de semana que la ley "está para cumplirla" y que si las organizaciones sindicales creen que el Gobierno gallego "está recaudando mucho" -señaló- "es tan fácil como dejar el paro". También avisó de que si el comité de huelga sugiere a los empleados que "se podrán recuperar económicamente" a través de horas extra para agilizar el trabajo aplazado, éste "no es el planteamiento de la Administración en ningún caso".
El Consello Galego de Procuradores mostró ayer su preocupación por los perjuicios que sufren los ciudadanos por esta huelga indefinida. Por eso, piden que las partes retomen el diálogo para resolver el conflicto e incluso se ofrecen a actuar como mediadores para "alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia".
Los sindicatos pidieron el lunes que las negociaciones se retomasen con la mediación de la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, Verónica Martínez, y ante la propuesta ayer de los procuradores contestaron que aceptan cualquier intermediario. "Transparencia, luz y taquígrafos, no tenemos nada que ocultar y nuestras reivindicaciones están declaradas como justas por el Parlamento gallego", destacó Díaz. Sobre el veto al director xeral de Función Pública, José María Barreiro -que hasta ahora representaba al Gobierno gallego con su homólogo en Xustiza, Juan José Martín- aclara que están dispuestos a volver a sentarse con él solo si Rueda "da la cara y acude a las reuniones". El representante sindical va más allá y sugirió que hay visiones internas contrapuestas dentro del Gobierno gallego sobre cómo resolver el conflicto y que la situación podría estar vinculada con "peleas internas" por la sucesión de Feijóo al frente del PP gallego.
