El exalcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, los exediles Áurea Soto y Fernando Varela, y el exdirector xeral Xosé Carballido han sido inhabilitados siete años para cargo público por cometer un delito de prevaricación. La jueza Susana Pazos los considera culpables de encadenar contratos "a dedo" de cinco profesionales externos al concello, generando "un perjuicio al erario público" y a pesar de las advertencias de la intervención municipal. Los profesionales, la mayoría arquitectos, acabaron formando parte de la plantilla del consistorio, riesgo del que alertaron precisamente los funcionarios municipales.
La sentencia no es firme, pero entierra definitivamente la carrera política de Rodríguez, que dimitió del cargo en septiembre de 2012 tras ser imputado en el caso Pokemon, que investiga una macrotrama de corrupción. Quedan exonerados, sin embargo, dos de los expolíticos que también se sentaron en el banquillo de los acusados. Se trata de los nacionalistas Iolanda Pérez y Xosé Somoza, obligados dimitir tras su imputación. En aquel momento, la primera formaba parte de la cúpula de Anova.
La juez considera probado que el exalcalde y los otros tres condenados prorrogaron las asistencias técnicas de cinco profesionales externos "pese a conocer que se actuaba contra la normativa existente, ya que estaban prestando servicios periódicos y repetitivos que suponían un gasto sucesivo", establece el fallo, que añade que se producía una "cesión ilegal de trabajadores". "Aunque no se ha profundizado en las razones por las que se contrató a los profesionales, lo que en todo caso es indiscutible es que fue "a dedo", sin un proceso de selección con concurrencia pública, en el que se hubiera podido verificar que la elección respondía al criterio de mérito y capacidad", generando "un perjuicio al erario público", sostiene la jueza.
Rodríguez dictó hasta 24 decretos para levantar los reparos del interventor a esos contratos, clave para la magistrada. "No se concibe que el máximo responsable de un ente público esté recibiendo continuas advertencias acerca de la ilegalidad de la contratación de una serie de profesionales, poniendo de manifiesto que hay un serio riesgo de que acabe reconociéndose la relación laboral, y que no adopte ninguna medida durante dos años para buscar alguna solución, limitándose a levantar reparar los reparos sin más [...], como sí hizo, por el contrario, su sucesor en el cargo", sostiene el fallo.
El sucesor de Rodríguez, Agustín Fernández, ordenó poner fin a las asistencias en 2013, dando un plazo de tres meses. La edil Áurea Soto dictó un decreto para ello, pero "durante casi dos años y medio no tomó ninguna decisión efectiva para poner fin a esa situación ilegal que venía advirtiendo el interventor", reprocha la jueza. La considera culpable por no haber actuado antes y descarta que las restricciones para contratar personal aplicadas por el Gobierno central en aquellos años justifiquen prácticas ilegales.
Varela y Carballido, del BNG, tampoco actuaron en contra de esas ilegalidades aunque "ya habían tenido ocasión de tomar conocimiento de los reparos" de la intervención.
El fallo exonera al sucesor de Carballido como director xeral durante tres meses, Xosé Somoza, porque no firmó ninguna resolución sobre los contratos y a Iolanda Pérez, que asumió competencias de Vivienda y Rehabilitación en 2001. No le consta a la jueza que fuese advertida de los reparos.
