Las cuatro comunidades firmantes de la declaración institucional comparten una muy parecida radiografía social y orográfica. Sus poblaciones envejecidas y dispersas contribuyen a aumentar, por encima de la media nacional, el gasto específico derivado de estas dos circunstancias. De ahí que cuando la apertura del debate sobre la financiación autonómica parece cada vez más inminente, Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón pongan en el acento en la necesidad de contar con más recursos para garantizar la prestación de los servicios, especialmente para aplicar en su totalidad la Ley de Dependencia y cubrir las crecientes necesidades del gasto sanitario.
Por ello, la demanda de "mayores recursos" figura como el tercer punto de la declaración, solo por detrás de reclamar un sistema que garantice un nivel similar de servicios públicos con independencia de su capacidad recaudatoria y de la necesidad de aprobar por consenso multilateral las condiciones del nuevo modelo.
Las cuatro autonomías quieren una evaluación especial del déficit en la financiación del gasto sanitario, como si fuera una pieza separada dentro del nuevo sistema. Se plantea la incorporación de un nuevo tramo de edad como baremo para calcular al aportación del Estado a cada territorio. Si ahora el baremo lo marca la población mayor de 65 años, se quiere añadir que también haya uno nuevo para los mayores de 85 años, que obligaría a incrementar la contribución dado que estas personas realizan más gasto sanitario.
En Galicia se calcula que el envejecimiento de la población supone un gasto sanitario adicional de unos 400 millones de euros al año, tanto por a la atención médica que precisan como por el consumo de fármacos.
También se demanda más fondos para atender a los dependientes, tomando como elementos de cálculo el número de personas atendidas, el grado de dependencia, el tipo de prestación y hasta la dispersión territorial.
La cifra de dependientes atendidos actualmente supera los 54.300 en Galicia, casi seis mil más que hace un año. Además la lista de espera para recibir una prestación se reduce ahora a 12.643 personas, cinco mil menos que en el mismo periodo de 2016. La comunidad destina cada año 370 millones a este servicio, pero aún así resulta insuficiente para cubrir la demanda, debido a la insuficiente aportación del Estado. Para corregir este déficit se necesitaría 86 millones más al año.
El desafío demográfico también se puso encima de la mesa, otra vez. En 2013 las cuatro comunidades ya firmaron un documento sobre este problema y ayer los volvieron a hacer, para pedir al Gobierno central que presente ya la propuesta de su "Estrategia nacional frente al reto demográfico" y atienda las iniciativas elaboradas por las distintas comunidades autónomas. Es una forma diplomática de reprochar al Ejecutivo el retraso en difundir su plan contra la despoblación.
Las cuatro también coinciden en desarrollar una plan conjunto contra la brecha digital para alcanzar los objetivos europeos de banda ancha ultrarrápida, con velocidad en internet de 30Mps para el 100% de la población de 100Mps para el 50% en el año 2020.
