Los juzgados gallegos cumplieron ayer una semana paralizados desde el arranque de la huelga indefinida el pasado miércoles. Los sindicatos calculan que los seis días de paro obligaron a suspender más de 2.000 juicios, además de tener los registros civiles sin actividad dejando casi 13.000 certificados sin tramitar. Los procesos judiciales que este semana fueron suspendidos -el 90% de los señalados, según las organizaciones sindicales- no podrán celebrarse al menos hasta septiembre y, en función de la carga de trabajo de cada tribunal, incluso hasta el año que viene. También como mínimo hasta enero o febrero de 2019 no tendrán hueco los juicios sobre las demandas nuevas que ingresen estos días.

El desacuerdo entre los funcionarios de la Administración de Justicia -tramitadores, gestores y personal de auxilio- y la Xunta en cuanto al salario y a los descuentos de las bajas por incapacidades temporales parece más enquistado que nunca tras el fracaso de la reunión del lunes. Para el comité de huelga es "ridícula" la nueva propuesta del Gobierno gallego en la que se plantea un incremento del complemento autonómico transitorio de 816 a 1.080 euros al año en función de la categoría-

Los trabajadores esperan que el Ejecutivo autonómico conteste a su contraoferta y reclaman un incremento de 225 euros al mes -45 menos que los que pedían en un principio- a repartir en tres ejercicios, lo que supone 2.700 euros más al año con los que "equipararse al resto de las autonomías y recuperar el nivel previo a los recortes por la crisis".

Desde la Xunta insisten en que la base de la negociación será, sin embargo, la presentada el lunes por el Gobierno gallego. El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, señaló ayer que la demanda del comité es "inasumible" y desea que "entren en razón". "Hasta donde llegamos es a la cifra ofertada y ahí nos vamos a quedar", aclaró. Rueda defendió que la Administración autonómica está abierta a hablar para reconducir el conflicto en cualquier momento. No pone una fecha concreta porque será "siempre que los sindicatos quieran", aunque eso no significa que "se vaya a estar subiendo siempre la cuantía" insistiendo en que la contrapropuesta de los trabajadores es inviable. Las centrales sindicales se quejan de que no han recibido nueva citación, pero el conselleiro aclara que "esto no va de formalismos ni de quien llame a quien". "Si los sindicatos están esperando una llamada de la Xunta les recuerdo que es permanente para hablar de nuestra oferta, que ya conocen, e intentar llegar a acuerdo", destacó.

El conselleiro reconoce las molestias que la suspensión de juicios y trámites causa a la ciudadanía pero cree que la gente "entiende que no es una cuestión de capricho sino de responsabilidad en la gestión del dinero de todos". La huelga también tiene efectos en el bolsillo de los funcionarios que paran, entre 65 y 80 euros al día. Pero eso no impide que sigan con sus reivindicaciones y ayer el seguimiento se mantuvo en el 90%, según sus promotores. Las centrales destacan Vigo con un 95,5%. La Xunta rebaja el dato y señala que no acudieron a trabajar el 40,5% de los empleados.

A la espera de un nuevo encuentro los trabajadores sumarán hoy otra jornada de huelga y además celebrarán manifestaciones en las siete ciudades por la mañana.