La huelga en el sector de la Justicia en Galicia continuará de forma indefinida una vez cerrada sin acuerdo la negociación mantenida ayer durante toda la mañana entre la Xunta y los sindicatos. El Gobierno gallego acudió con una nueva oferta que plantea subidas salariales de entre 816 y 1.080 euros anuales en función de la categoría, frente a la horquilla inicial de entre 660 y 900 euros, y advirtió que era su última propuesta económica, pero las centrales sindicales la rechazaron por considerar "ridículas" las cantidades. Por su parte, los representantes de los trabajadores aceptaron, en su contraoferta, rebajar un 18% sus pretensiones iniciales y quedarse en un incremento anual de 2.700 euros frente a los 3.000 de la reivindicación original, pero la demanda resulta "desproporcionada, exagerada e inasumible" para la Administración autonómica.

Las posturas entre ambas partes, tal como reconocieron en comparecencias por separado, siguen "muy distanciadas", por lo que la huelga proseguirá sin que por el momento se perciban señales que contribuyan a reconducir un conflicto que ya ha supuesto la suspensión de más de un millar de juicios desde que se inició el pasado miércoles.

La nueva oferta económica de la Xunta mejora en un 20% de media la anterior, al proponer un incremento adicional en el complemento autonómico de unos 15 euros al mes, de forma que los auxilios percibirían finalmente 68 euros más al mes; los tramitadores, 76; y los gestores, 90. Su implantación se haría en dos anualidades, la mitad en 2019 y la otra mitad, en 2020, cuando antes se planteaban distribuirla en tres ejercicios.

"Subimos por cuarta y última vez", advirtieron los directores xerais de Xustiza, Juan José Martín, y de Función Pública, José María Barreiro.

En nombre de los siete sindicatos que forman parte del comité de huelga, Enrique Araújo calificó de "ridícula" la oferta de la Xunta y de "irrenunciable" que la subida se comience a aplicar ya este año. "Estamos muy lejos de alcanzar un acuerdo", destacó, una apreciación que traslada también al resto de temas de la negociación, como la penalización económica por baja causada por enfermedad, la amortización de plazas, el personal de refuerzo o la remuneración de los sustitutos.

Las centrales, por su parte, presentaron una contraoferta por la que en vez de reclamar 270 euros al mes más para cada una de las categorías, ahora demandan 225 a repartir en tres año: 100 euros de euros de aumento este año, 75 en 2019 y 50 en 2020.

Para la Xunta, esta petición está "fuera de la realidad". "Es exagerada y desproporcionada. Parecen querer seguir con la huelga, con los perjuicios que se causa a los ciudadanos", censuró Barreiro. Con las nuevas subidas, los funcionarios gallegos se situarían entre los quintos y séptimos, dependiendo de la categoría, en la tabla salarial por comunidades autónomas.

En los demás aspectos, las discrepancia continúa activa. Como en la penalización por enfermedad, con descuentos económicos en función de los días de baja. Para los sindicatos, es "capital" acabar con la discriminación que supone con respecto al resto de trabajadores de Justicia de otras comunidades, como hacia los compañeros de sector en Galicia, como jueces, letrados judiciales y fiscales. Los trabajadores quieren acabar con las penalizaciones, aduciendo que son funcionarios nacionales, pero la Xunta solo está dispuesta a estudiar una mejora de sus condiciones.

Tras la reunión de ayer, la voluntad de las partes es proseguir con las negociaciones, pero no se han puesto fecha para retomar los contactos. Por lo tanto, mientras tanto continuará la huelga en la Justicia de Galicia.