09 de febrero de 2018
09.02.2018
Faro de Vigo

La huelga deja otros 800 juicios suspendidos sin que Xunta y sindicatos acerquen posturas

Los 3.000 euros de incremento anual que reclaman los trabajadores resultan "absolutamente inasumibles" para el Gobierno gallego, que mantiene una subida de 900

09.02.2018 | 02:31

La segunda jornada de huelga indefinida en la Justicia en Galicia ha repetido el esquema del día anterior, con centenares de juicios y demandas paralizadas y un seguimiento del paro que oscila entre el 90% que aseguran los sindicatos y el 42% que dice la Xunta. Pero en todo caso, la movilización continúa sin que se haya producido negociación, ni por supuesto avances, en el conflicto eminentemente salarial que mantienen los trabajadores con la Administración autonómica. De momento, cada cual sigue firme en sus posiciones sin dar pie a concesión alguna.

Tras dos días de protesta, los juicios suspendidos en la comunidad suman otros 800 más, pero la cifra de demandas paralizadas -todo tipo de denuncias y escritos dirigidos a los juzgados- es muy superior. Solo en Vigo ya superan las 1.200.

Según el comité de huelga, el porcentaje de trabajadores que la secundan se sitúa entre el 81% y el 95% en las ciudades, con un seguimiento más elevado en Vigo y Pontevedra, donde no trabajaron el 95% de los funcionarios. En Ourense, el paro fue del 94,4%; en Lugo, del 87,%; en Ferrol, del 83%; y en A Coruña, del 81%.


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La Xunta, por su parte, rebajó hasta el 42,1% el seguimiento de la huelga y aseguró que los servicios mínimos se han cumplido en su totalidad y que participaron en el paro 1.137 trabajadores de un total de 2.700. El Gobierno gallego lamentó además los "incidentes" producidos en Lugo, donde se vio perjudicado el funcionamiento normal de un ascensor y de la electricidad de los edificios judiciales, y en Pontevedra, Vigo y A Coruña, donde los trabajadores en huelga "obstaculizaron" los servicios del Registro Civil, provocando grandes colas y esperas.

La Xunta ofreció ayer de nuevo su disposición a dialogar con los trabajadores, pero sin cambiar su oferta económica de un incremento del complemento autonómico de hasta 900 euros anuales, una cifra muy alejada de los 3.000 euros por trabajador que reclaman los sindicatos y que es "absolutamente inasumible" para las arcas públicas gallegas, según destacó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, quien recordó que si bien está "preocupado" por los efectos de la huelga, puso el acento en que fueron los sindicatos los que se levantaron de la mesa de negociación.

"La propuesta económica de la Xunta sitúa al colectivo judicial de la comunidad con unas retribuciones por encima de la media nacional", insistió Feijóo. "Decir que queremos poner a Galicia a la cola del resto de comunidades es faltar a la verdad", advirtió el presidente de la Xunta, tras lo que retó a los sindicatos a enseñar datos, si los tuvieran, que contraríen sus palabras.

La principal reivindicación de los funcionarios de la Justicia gallega es la "discriminación" salarial que aseguran sufrir con respecto al resto de comunidades. Actualmente reciben un 22% menos por el plus autonómico que la media de las doce comunidades que tienen transferidas las competencias en este apartado. Con la oferta que les ha realizado el Ejecutivo gallego, esa diferencia se recorta, pero aún es un 8,8% inferior.

Los funcionarios de la Administración de Justicia perciben su salario de dos fuentes. La primera es del Estado, porque forman parte de los cuerpos estatales de Justicia. Esta cantidad es la misma para todos los empleados, aunque varía según el cuerpo al que pertenezcan. La segunda procede del denominado complemento autonómico transitorio (CAT), que es abonado por las comunidades, y que varía en cada territorio según los acuerdos a los que hayan llegado los trabajadores y el Gobierno de cada autonomía.

En los tres cuerpos en conflicto, gestores, tramitadores y auxilios, los funcionarios que más cobran son los del País Vasco, con 987, 803 y 772 euros mensuales, respectivamente. Y los que menos de las 12 comunidades con las competencias transferidas son los de Galicia, en los tres casos con 435 euros. La media nacional de los tres cuerpos se sitúa en 558 euros. Un 22% más que en la comunidad gallega.

Con la oferta y los datos de la Xunta, los gestores gallegos cobrarían 520 euros frente a los 528 de la media nacional; los tramitadores, 507 frente a 491 y los auxilios 500 frente a 478. De esta forma, el primer cuerpo estaría por debajo de la media y los otros dos por encima. Sin embargo, los sindicatos se quejan de que en la tabla que aportó el Gobierno gallego aparecen las ciudades de Ceuta y Melilla, que no son comunidades autónomas y suben la media nacional.

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