Miles de personas desbordaron este mediodía la compostelana plaza de A Quintana para clamar contra la política sanitaria de la Xunta y exigir la paralización de la Lei de Saúde que el martes recibirá luz verde, norma que, según la plataforma SOS Sanidade Pública, promueve la privatización del sistema sanitario, el "desmantelamiento" de los hospitales comarcales y deja en manos de las empresas la innovación médica. A la protesta acudieron los líderes de los tres partidos de la oposición parlamentaria y de los sindicatos CIG, UGT y CCOO. Antes del inicio de la marcha, el portavoz de la plataforma convocante, Manuel Marín, denunció el "colapso" de la sanidad gallega.
La protesta tiene lugar a 16 meses de la celebración de las elecciones municipales y anuncia al PP el estado de forma de la oposición a sus políticas. Los líderes de En Marea (Luís Villares), PSdeG (Gonzalo Caballero) y BNG (Ana Pontón) encabezaron junto a Marín y los máximos representantes sindicales una marcha a la que acudieron otros dirigentes como la secretaria xeral de Podemos en Galicia, Carmen Santos, o Xosé Manuel Beiras.
El manifiesto de los convocantes, titulado "A sanidade pública galega está en perigo", alerta de las consecuencias para la ciudadanía de una política sanitaria de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo responsable de "reducir su presupuesto al 11% del gasto sanitario". También la acusan de incrementar un 42% la concertación con la sanidad privada, si bien a mediados del año pasado, los fondos destinados a este capítulo se incrementaron un 10% entre 2016 y mdiados de 2017, pasando de 199 millones de euros a 217.
Los manifestantes criticaron la Lei de Garantías de Tempos e Espera, que fija en 60 días el límite para una operación y en 45 para una prueba diagnóstica, ofreciendo operarse en la sanidad privada a quien deba esperar más. Se trata de "una trampa e Feijóo para desviar a cientos de enfermos de la sanidad pública a la privada".
El principal foco de crítica de las miles de personas que desbordaron la plaza de A Quintana de Santiago -con la presencia, entre otros, del alcalde de Santiago, Martiño Noriega- afecta a la Lei Galega de Saúde, que el martes recibirá la aprobación definitiva en el Parlamento y sustituirá la norma de 2008 aprobada por el bipartito. La Xunta y el PP niegan que afecte negativamente al sistema público.
El manifiesto leído por la actriz Isabel Risco cree que "dificultará" el acceso a la asistencia especializada de la población rural, "acabará con el actual modelo de atención primaria", "privatizará la formación, la investigación y la innovación sanitaria", permitiendo la colaboración de medios públicos con los privados; "acabará con la participación social para el control de la sanidad", limitando el acceso a información del Sergas y otorgando a la Xunta la capacidad para decidir quién participa en su fiscalización; y "favorecerá la creación de chiringuitos de gestión". La ley, además, reduce de 11 a siete las áreas sanitarias. Una pancarta por cada una de las primeras estuvo hoy presente en la manifestación.
Ante esa situación, los manifestantes reclaman la retirada del proyecto de ley, desarrollar la relativa a los plazos máximos de espera y abrir un proceso de negociación sobre "las consecuencias del deterioro del sistema sanitario público gallego por los recortes y las privatizaciones".
