El Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo ha concluido la investigación de la causa sobre la Confederación Hidrográfico del Miño-Sil -derivada de la denominada operación Pokemon- y que tiene como principal implicado a Francisco Fernández Liñares, del que las diligencias apuntan que "manipuló" los contratos del organismo público para realizar adjudicaciones "ilícitas" de forma concertada y recibir a cambio "regalos y obsequios de elevado importe". Además, están investigados trece empresarios y dos funcionarios.
La juez Pilar de Lara ha acordado dar diez días a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.
Según consta en el auto, durante su mandato como presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, entre julio de 2008 y febrero de 2012, Liñares habría amañado con varias empresas la adjudicación de contratos de obras y servicios sin garantizar el cumplimiento de los criterios legalmente establecidos en los procesos de contratación pública y causando un "grave fraude" a la administración.
Entre los supuestos delitos atribuidos están los de fraude, falsedad documental, tráfico de influencias o manipulación de precios en concursos públicos.
