El Tribunal Constitucional ha tumbado todos los artículos relativos a adopción y autotutela de la Ley gallega de Derecho Civil de Galicia aprobada en 2006 por el bipartito de PSdeG y BNG, tras un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central hace diez años. Concretamente, quedan anulados los artículos desde el 27 hasta el 45, lo que deja en el aire los procesos en curso.

La sentencia especifica que la declaración de inconstitucionalidad "no afectará a las adopciones que sean firmes" en el momento de la publicación de este fallo judicial, puesto que el principio de seguridad jurídica "aconseja limitar los efectos de esta resolución a los que se encuentran en curso".

Por ello, las adopciones que se encuentran abiertas, pero que todavía no son firmes sí que quedan afectadas por esta situación y ahora "deberán adecuarse a los dictados de las normas civiles del derecho común y las procesales de carácter estatal". Los procesos suelen durar al menos un año para poder obtener la consideración de aptos y la asignación definitiva, en función del país de la adopción se puede prolongar durante años.

Concretamente, el alto tribunal tumba el título segundo de la ley, sobre adopciones, y el título tercero, sobre autotutela. Un total de 18 artículos de los 308 que recoge la normativa de derecho civil gallego.

La sentencia, de la que es ponente Alfredo Montoya Melgar, cuenta con dos votos particulares, uno de Juan Antonio Xiol y otro del magistrado gallego Cándido-Pumpido, a la que se adhirieron Fernando Valdés Dal-Ré y María Luisa Balaguer.

El voto particular del magistrado gallego advierte en su argumentación que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno "no debió ser estimado íntegramente, sino en parte", declarando nulos "únicamente los preceptos que contienen normas procesales".

Defiende que el legislador lo que hizo fue trasladar y desarrollar actuaciones ya arraigadas en la sociedad gallega, como el prohijamiento (afillamento).

Además, avisa de que "puede generar la impresión de que este tribunal (TC) aplica distintas varas de medir cuando examina las conexiones de las legislaciones autonómicas en materia civil con las instituciones consuetudinarias de los territorios con el derecho civil foral o especial", ya que hubo precedentes en la legislación aragonesa y catalana que colisionarían con esta sentencia.

La Xunta, en una respuesta a petición de Europa Press, asegura que "abordará este asunto con la asesoría jurídica para conocer con exactitud el fallo y sus consecuencias en el ámbito de las adopciones. En todo caso, ha indicado su "respeto" por la sentencia del TC.

Por su parte, el catedrático de Derecho Domingo Bello Janeiro advirtió ayer tras conocer el fallo que los procesos de adopciones en Galicia quedan en una situación de "inseguridad jurídica", después de que el Tribunal Constitucional anulara todo lo relativo a adopciones y autotutela. Esta situación se suma a la que ya existe con la disposición adicional tercera de la normativa, la que equipara el matrimonio con las parejas de hecho a efectos de la aplicación de la ley de derecho civil. En este caso,explica Bello Janeiro, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) plantea un pleito de inconstitucionalidad cada vez que llega un caso a sus manos, como podría ser la tutela de un hijo en caso de separación de una pareja no casada.

Bello Janeiro recuerda además la "asimetría" con otras comunidades, como es el caso catalán.

Con la mirada puesta en el futuro, Bello Janeiro sostiene que el Parlamento de Galicia, tras esta sentencia "clara", debería llevar a cabo "una nueva regulación" de acuerdo con las competencias reconocidas por el Constitucional a la Comunidad gallega.