Diez meses después de que el Tribunal Constitucional dictase la primera sentencia que anula el impuesto de plusvalía municipal en las ventas de inmuebles que no generan ganancia alguna, la reforma del gravamen sigue cocinándose.
A fuego lento. Tanto que los ayuntamientos han reclamado en decenas de ocasiones al Ministerio de Hacienda que acometa el cambio de la Ley de Haciendas Locales ante el goteo de reclamaciones de los contribuyentes afectados. Durante la reunión de la junta de gobierno y el Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios yProvincias (FEMP) celebrada ayer se acordó enviar una propuesta al departamento dirigido por Cristóbal Montoro en la que le urgen a "compensar" a los ayuntamientos por la "pérdida global de recaudación" derivada de la aplicación de la última sentencia del Alto Tribunal, que hace extensiva a todo el territorio la anulación del gravamen cuando hay minusvalía. Las transacciones a pérdidas e incluso errores en el cálculo del impuesto llevaron a los concellos a cobrar unos 126 millones de más durante los últimos cuatro años, los ejercicios no prescritos y por los que los contribuyentes pueden presentar una reclamación.
El órgano de poder local, presidido Abel Caballero, acordó ayer enviar a Hacienda su última propuesta y pedir un encuentro para cerrar cuanto antes una solución que permita a ayuntamientos y contribuyentes salir de la situación de "indefensión" e "inseguridad jurídica" a la hora de afrontar el impuesto.
De no asumir el Estado el coste económico que acarrearán las devoluciones que tendrán que acometer los ayuntamientos, la FEMP sopesa llevar a los tribunales a la Administración central ya que pese a tratarse de un tributo que gestionan los municipios su regulación es de carácter estatal.
Los alcaldes también reclaman a Hacienda que fije un "régimen transitorio" para dar respuesta a los casos de minusvalía anteriores al último fallo del Constitucional, 15 de junio, fecha que tomará como referencia el Gobierno central para aplicar el nuevo sistema de cálculo.
Las arcas públicas tendrán que asumir un importante desembolso una vez se reforme el impuesto. En 2015, último ejercicio del que hay datos disponibles por comunidades, los 115 ayuntamientos gallegos que lo aplican recaudaron más de 41 millones. En los últimos meses, varios tribunales anularon la fórmula usada para liquidar el gravamen. En el caso de Galicia, estos cálculos erróneos supondrían una devolución a los contribuyentes afectados de unos 44 millones, según cifras del portal reclamador.es. A esa cantidad hay que sumar otros 82 millones por haber cobrado el impuesto de plusvalías en operaciones a pérdidas (ventas, herencias, donaciones o permutas).
Desde la FEMP, urgen a Hacienda a evaluar la posibilidad de establecer unos coeficientes máximos que afecten menos a la recaudación municipal.
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