14 de diciembre de 2017
14.12.2017

¿Vas a seguir el 'no voy a pagar' en la AP-9? Esto es a lo que te enfrentas

El boicot a la concesionaria puede suponer una demanda judicial contra los infractores

18.12.2017 | 12:56
Peaje de la AP-9 en Curro, Meis. // Noe Parga

La nueva subida de Audasa para los peajes de la AP-9 ha provocado el malestar de conductores y usuarios de la autopista. Las tarifas aumentarán un 3,8% a partir del 1 de enero, lo que supondrá pagar 0,83 euros más en el viaje entre los dos extremos de la infraestructura. Ir de Tui a Ferrol costará un total de 22,98 euros. El elevado precio, sumado a que la subida de los peajes gallegos duplicará la resto del país, ha causado protestas que, por el momento, se limitan a las redes sociales.

Cientos de personas compartieron un vídeo que aboga por no pagar en los peajes, emulando el 'Non vull pagar' catalán que se extendió hace unos años. Pero el boicot a las barreras colocadas en la AP-9 podría salir a los conductores aún más caro. "La concesión a Audasa es un contrato de prestación de servicios. Si un usuario no paga el peaje, estaría incumpliendo ese contrato", advierte Miguel Ángel Serrano, del servicio jurídico de la organización de consumidores Facua.

Desde la plataforma subrayan su posición contra este sistema de pago: "Este modelo de concesión de servicios públicos a empresas privadas tras una gran inversión del Estado es un despropósito". Sin embargo, advierten de que las empresas que prestan el servicio tienen derecho a presentar demandas judiciales a los conductores que decidan no pagar el peaje.

Si la concesionaria decide hacer la reclamación judicialmente, el infractor deberá cubrir el precio del peaje y los intereses generados. "El consumidor puede sentir que se ha realizado un abuso, y entonces será él quien pueda reclamar", señalan. Este caso responde a cobros superiores a la tarifa establecida o errores en los trayectos señalados en el ticket.

No es obligatorio presentar la documentación

Los empleados de las cabinas no están autorizados a pedir la documentación del conductor. "Sería como si alguien por la calle te pide el DNI", aclara Serrano. Eso sí, los vehículos ya aparecen identificados con su número de matrícula, por lo que la empresa puede demandar a los usuarios a partir de las grabaciones recogidas.

Facua recomienda que, si la ciudadanía es contraria a las tarifas o al sistema de autopistas privadas, se muestre el descontento por la situación a las autoridades responsables de la concesión. "La protesta es legítima, siempre que sea pacífica", indica.

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