El Gobierno gallego acordó ayer ampliar la prestación inmediata de asistencia jurídica gratuita por los abogados de oficio a víctimas de terrorismo, de tráfico de seres humanos, así como menores de edad y personas con discapacidades intelectuales o enfermedades mentales que hubiesen sufrido abusos o malos tratos. En cuanto a la gestión de los pagos, se elimina la fase de justificación por parte de los colegios de abogados y procuradores, ya que el proceso de revisión y pagos está "totalmente informatizado".
