El caso Prestige está a punto de desembarcar en el Tribunal Supremo. Quince años después de iniciar una complicada travesía judicial, el litigio por la mayor catástrofe medioambiental en la historia de España todavía tiene millas por recorrer. Tras el auto de ejecución de sentencia emitido hace dos semanas por la Audiencia Provincial de A Coruña, que rebaja a poco más de 1.600 millones la factura de la marea negra frente a los más de 4.300 millones reclamados por la Fiscalía durante el juicio, el nuevo escenario donde se dirimirá la cuantía de las compensaciones será el Supremo. Y de ahí, a Londres, donde la aseguradora del Prestige tiene su sede, a intentar que el Estado español, la Xunta, el Gobierno francés y los particulares que no se acogieron a las indemnizaciones adelantadas tras el accidente del viejo petrolero cobren lo máximo de la póliza suscrita por la armadora: mil millones de dólares (unos 845 millones de euros).

Concluido el plazo para anunciar la interposición de recursos de casación contra las indemnizaciones fijadas por la Audiencia de A Coruña, son seis las partes que ya comunicaron su intención de reclamar: la Fiscalía, la armadora Mare Shipping, la asociación ecologista Arco Iris y tres particulares, según informaron ayer desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

No obstante, han sido numerosas las partes que pidieron aclaraciones del auto de ejecución de sentencia al tribunal coruñés, que de ser finalmente recurrido se dará traslado al Supremo. Le resolución de la factura del Prestige en el Alto Tribunal se demorará, al menos, otro año más, según el calendario actual en la Sala de lo Penal. El fallo del Supremo a los recursos interpuestos a la sentencia de la Audiencia, que eximió del pago de daños y de prisión a los acusados en el proceso, se demoró más de dos años: el fallo del tribunal coruñés se dictó en noviembre de 2013 y la sentencia del Alto Tribunal condenando al capitán, Apostolos Mangouras, por daño medioambiental y abriendo así la puerta a un proceso contra la aseguradora en Reino Unido llegó en enero del año pasado.

El auto que fija la indemnización por los daños de la marea negra del Prestige llegó un año y diez meses después de que el fallo del Supremo modificase parcialmente el que la Audiencia de A Coruña había emitido en 2013. El Alto Tribunal abrió entonces la puerta a la vía de la responsabilidad civil al condenar al capitán del viejo petrolero a dos años de prisión por un delito medioambiental, frente a los nueve meses que le impuso la Audiencia por desobediencia.

El proceso judicial que se abra en Londres tras la resolución de los recursos en el Supremo se augura largo y complejo, ya que las administraciones tan solo podrán percibir de la aseguradora del viejo monocasco un máximo de mil millones de dólares (unos 845 millones de euros) de la póliza suscrita por la armadora. En Reino Unido, donde la aseguradora tiene su sede, se tendrá que determinar si finalmente prevalece el dictamen penal del Supremo o el civil de los tribunales británicos.

Hace solo dos años, España y Francia se llevaron un nuevo varapalo judicial al perder el litigio en Gran Bretaña por el que pretendían que el pleito por el dinero de la póliza suscrita fuese en sus respectivas jurisdicciones en lugar de estar sujeto a los tribunales de arbitraje británicos.