Una operación de la Policía Nacional ha detectado un fraude de 2 millones de euros a la Seguridad Social por cobros indebidos de pensiones. Una de las provincias afectadas es Pontevedra. Las investigaciones comenzaron a principios del presente año al haber detectado varios casos en los que seguía abonándose las mensualidades de la prestación a personas fallecidas, siendo sus actuales perceptores quienes mediante la simulación, o falseamiento, de la vivencia de las personas muertas seguían beneficiándose de esta ayuda económica.

Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades delictivas, por parte de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, se coordinó un dispositivo policial que englobaba a las provincias de Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia, que culminó con la implicación de los investigados por delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedades documentales.

Se han revisado 27 expedientes, siendo investigadas 62 personas, de las que resultaron implicadas 19 de ellas por el fraude de 1.932.211,27 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los responsables del delito han resultado ser familiares directos de las personas fallecidas.

Se ha dado la circunstancia que, en ciertos expedientes, los causantes de la actividad delictiva se encontraban ya fallecidos, por lo que si bien se dio cuenta al Juzgado, no se ha podido tomar declaración a ningún responsable.

En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas, con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno, o en su caso el Juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades oportunas.

Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal incardinada en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial - Policía Nacional, en colaboración con las Jefaturas Superiores de Andalucía Occidental y Oriental, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia.

En las investigaciones también se ha contado con la colaboración especial de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.