Para lograr la recuperación integral de cascos históricos y núcleos rurales es preciso vencer la resistencia o dejadez de algunos propietarios, que se niegan a rehabilitar o vender el inmueble, a pesar de su abandono y su estado ruinoso. El nuevo proyecto de Lei de Rehabilitación de Galicia arbitra los mecanismos para que esto no ocurra. Los concellos podrán ordenar al dueño la ejecución forzosa de las obras necesarias para restaurar el edificio y para forzarlo le impondrán multas coercitivas que oscilarán entre los 1.000 y los 10.000 euros cada trimestre.
Si aún así estas sanciones no surten efecto y se niega a rehabilitar, estos propietarios pasarán inmediatamente a engrosar un censo de inmuebles en estado de abandono que gestionará el Instituto Galego de Vivenda e Solo. Los edificios incluidos en este registro serán gravados además a partir del 1 de enero de 2019 con un canon que aplicará la Xunta y que oscilará entre el 0,4 y el 0,6% del valor catastral del inmueble. Hasta que el dueño del edificio rehabilite o venda la propiedad, las cuantías de esta tasa se incrementarán un 10% anual.
En todo caso, si el deterioro del edificio fuese muy grave los concellos podrán acometer por su cuenta la rehabilitación y luego pasar los gastos al propietario.
La otra vía para garantizar la rehabilitación de zonas degradadasa será la expropiación forzosa. Xunta y corporaciones locales podrán adquirir inmuebles en ruinas al 50% de su valor para recuperarlos.
La norma otorga una enorme potestad a los concellos, puesto que incluso podrán expropiar espacios comunes en edificios de viviendas cuando se nieguen a cumplir con la normativa en materia de accesibilidad para personas discapacitadas y la supresión de barreras arquitectónicas.
Otra herramienta será la venta forzosa. Es decir, la propiedad en estado ruinoso puede ser expropiada y pasar a manos de la Administración o bien los concellos pueden sacar los inmuebles a puja pública en un plazo máximo de seis meses desde que se declare el incumplimiento de rehabilitación por parte del propietario. El dinero obtenido se entregará al dueño. Si quedara desierta se bajará un 25% el precio en la segunda subasta y si volviese a quedar vacante el concello podrá quedarse con la propiedad pagando el 50% de su valor.
La Xunta contempla además ayudas a promotores para impulsar la rehabilitación y también subvenciones específicas para el alquiler y la adquisición de los inmuebles rehabilitados. De hecho, se pretende facilitar el retorno de vecinos a las áreas recuperadas. Los concellos, a su vez, podrán establecer bonificaciones fiscales para incentivar la rehabilitación.
Además, para promover la conservación, la Xunta modifica la Lei do Solo para incluir como infracción leve que los inmuebles de más de 50 años no pasen la correspondiente ITV (Informe de Evaluación de Edificios) cada diez años. Podrá multarse a los propietarios con hasta 6.000 euros.
