Tres de los responsables de la política forestal de la Xunta durante el primer mandato de Alberto Núñez Feijóo han sido imputados por presuntas irregularidades en la contratación de helicópteros para la lucha contra los incendios forestales en las campañas de 2011, 2012 y 2013. Entre los imputados está el actual director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, que lleva casi dos décadas como máximo responsable autonómico de la lucha antiicendios y que tras la ola de fuegos de octubre está en el punto de mira de toda la oposición, que reclamó su cese para propiciar un cambio "radical" de la gestión de los montes gallegos y del operativo de extinción.
Junto a Fernández-Couto también están siendo investigados el entonces secretario general técnico de la Consellería de Medio Rural, Francisco José Vidal Pardo, y el subdirector general de Prevención y Defensa contra los incendios forestales en aquella época, José Carlos Costas. Los tres ya declararon el pasado mes de abril, según detalló ayer el Tribunal Superior de Xustiza. El juez instructor está pendiente de un informe del Seprona para cerrar el proceso. Sobre este asunto, el Consello de Contas también había detectado irregularidades en los contratos de helicópteros de la Xunta.
La investigación por prevaricación administrativa, que lleva el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago a instancias de la Fiscalía, fue abierta a raíz de una denuncia que presentó en 2012 el sindicato CIG por la adjudicación a dedo por 6,6 millones de euros del servicio de transporte aéreo en helicópteros antiincendios a la empresa Inaer, responsable de la mayoría de las aeronaves de salvamento marítimo, guardacostas o emergencias de la Xunta. Entonces, el Ejecutivo alegó que la cercanía de la época de incendios le impedía convocar una concurso público o pedir otras ofertas, por lo que se lo encargó directamente a Inaer a través de una encomienda de gestión.
En la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, salió en defensa de Fernández-Couto al asegurar que la Asesoría Jurídica del Gobierno gallego considera que "las cosas se hicieron de manera correcta" y se mostró confiando en que "así se concrete".
Denuncia de la CIG en 2012
Feijóo reconoció ayer que esa información la conocía "desde hace algún tiempo", aunque no fue hasta ayer que trascendió públicamente. "Tuvimos dificultades para incrementar los medios entonces y el director general consideró oportuno hacerlo por un procedimiento y posteriormente hubo una denuncia", sentenció el presidente de la Xunta, en alusión a la denuncia de la CIG, aunque posteriormente fue la Fiscalía la que siguió la causa.
"No es novedad para el Gobierno", trató de minimizar Feijóo, que aseguró que en la comparecencia de esta semana en el Parlamento por la ola de incendios de octubre ya lo había apuntado: "Cuando alguno comentaba que si había pocos medios (en los fuegos del mes pasado), lo dije pensando en este caso: que no se plantearan denuncias a directores y responsables de incendios por declarar urgentes determinadas compras, alquileres o servicios".
Desde el BNG, Ana Pontón, advirtió de que después de "decenas de años" con Couto como responsable de la gestión forestal, esta "imputación" da un argumento más para su cese inmediato. "Tiene que decir de qué lado está, de la transparencia o de amparar a quién está siendo investigado", inquirió ala portavoz nacionalista Feijóo.
Mientras, el portavoz de Agricultura del PSdeG, José Antonio Quiroga, exige la comparecencia urgente de la conselleira de Medio Rural para dar "explicaciones claras y convincentes" sobre la causa contra Couto. "Esta nueva imputación acaba con la paciencia de los gallegos y gallegas, hartos de la gestión imprudente y temeraria del Gobierno gallego", sentenció Quiroga. El socialista recordó que "hace tiempo que levanta dudas" la utilización de medios privados para la extinción de incendios" y por ello reclamó un modelo de gestión público y centrado en la prevención, "antes de movilizar un tremendo presupuesto de más de 100 millones de euros para extinción, una política demasiado pasiva y confiada al sector privado".
