La Xunta elevará la vigilancia de los montes para capturar in fraganti, o al menos detectar movimientos sospechosos, a los incendiarios a los que responsabiliza, junto con las condiciones climatológicas, de la ola de incendios más grave desde 2006: quemó casi 50.000 hectáreas y causó la muerte de cuatro personas, el ingreso hospitalario de 128 y el desalojo de 2.400. Lo hará mediante la mejora de las brigadas de investigaciones forestales ya existentes -contará con al menos 57 agentes: tres en cada uno de los 19 distritos forestales, tras denuncias sindicales sobre el recorte de las actuales BIIF, que en 2001 contaban con 38 integrantes-, instalará más cámaras de videovigilancia en "lugares estratégicos" y designará equipos que comprueben la obligación de limpiar las fincas, además de los peinados de la Policía Autonómica, con al menos 38 integrantes (dos por distrito). Estos equipos estarán bajo supervisión de un coordinador provincial.
Estas fueron algunas de las 30 medidas contra el fuego que puso sobre la mesa el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia parlamentaria de ayer, menos de un mes después de la tragedia de los días 14, 15 y 16 de octubre y tras la protagonizada por la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, el 17. Feijóo rechazó su cese y el del responsable de política forestal, Tomás Fernández Couto, pedidos por la oposición. Justificó además las actuaciones -tras reconocer hace días que hubo "12 horas de descontrol"- para centrarse en la protección ciudadana antes que en los bienes naturales durante esos días.
La gravedad de lo ocurrido no generó, de momento, la "unidad política" que reclamó Feijóo, que aseguró que "el futuro forestal no depende del gobierno de cada momento, sino de todos". En Marea, PSdeG y BNG le afearon falta de autocrítica, culpando a los "terroristas incendiarios" y las condiciones de sequía, altas temperaturas y fuerte viento, azuzadas por el huracán Ophelia.
Feijóó abogó por "un pacto de país" y les pidió aportaciones a la política forestal bien con enmiendas a la Lei de Acompañamento, que introduce varias medidas; bien en el debate del Plan Forestal; bien a través de la comisión parlamentaria que impulsará. La oposición pidió incluir en ella la investigación sobre la gestión de los fuegos, pero el PP lo vetó.
También cuestionó a sus rivales ante la tentación de "aprovechar" lo sucedido para lograr un "beneficio partidista" sin señalar con el dedo a los "terroristas incendiarios" a los que culpó de los fuegos, aunque no dio por segura la existencia de "tramas". Como argumento, alegó los 151 fuegos del día 15 de octubre, tres veces el punto álgido de agosto, o la proliferación de focos en horario nocturno cuanto los medios aéreos no pueden volar -el 65% de los 264 fuegos de esas 72 horas-. "Los incendiarios celebrarán que la unidad demostrada por los gallegos se rompa en el Parlamento", dijo.
Los papeles se intercambiaron once años después. La oposición le recordó que en 2006, cuando quien compareció fue el presidente socialista Emilio Pérez Touriño, le pidió los ceses de responsables de la gestión de unos fuegos que arrasaron de 95.000 hectáreasy causaron cuatro muertes. El PP encabezó meses después una manifestación contra la gestión de la Xunta al frente de la cual se situaron familiares de fallecidos que responsabilizaron de sus pérdidas al bipartito, extremo que la oposición no citó ayer. La Xunta PSdeG-BNG culpó a las circunstancias excepcionales. El PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, censuró que no asumiesen responsabilidades.
Feijóo no rechazó comparar la gestión actual, que pidió extender a sus ocho años de gobierno, con la del bipartito, pero reclamó unidad para lanzar una "ofensiva" contra las llamas. Por un lado, mediante medidas como la colaboración entre Xunta y concellos para limpiar montes a un precio fijo; la movilización de tierras sin dueño conocido o ilocalizable; o franjas de protección más estrictas entre árboles pirófitos y casas. Por otro, con un pacto político.
También reivindicó el uso del término "terrorismo incendiario" para referirse a los presuntos culpables de los fuegos y pidió mano dura. La Fiscalía ha abierto una investigación sobre la presunta organización para prender esos fuegos, algo que no se demostró en 2006. El término usado, además, no es nuevo. Lo empleó, al menos, Anxo Quintana en 2006 siendo vicepresidente del bipartito. "Tirar una colilla no es lo mismo que prender el monte, pero las consecuencias pueden ser las mismas. No debemos ser condescendientes con esas prácticas", insistió Feijóo, si bien reconoció las dificultades de lograr condenas por estos casos. Apenas el 7% de investigados por un incendio se sienta en el banquillo. Por los fuegos de octubre hay tres investigados.
