Cada mes, agentes de la Policía Autonómica denuncian el abandono en el monte de 84 vehículos, una práctica castigada desde la década pasada con multas de hasta 900 euros, aunque podrían llegar a 45.000 en casos excepcionales si la administración entiende que ha producido "un daño o deterioro grave para el medio ambiente", según consta en la Ley de Residuos de 2011. El año pasado, los agentes al mando de la Xunta detectaron 1.117 casos en fincas y pistas forestales y tramitaron 1.007 denuncias, lo que supone un 7% más que el ejercicio anterior. Durante el último lustro, las denuncias suman 5.101.
La legislación entiende por vehículo abandonado aquel que no ha variado su ubicación durante un mes, carece de la ITV (inspección técnica de vehículos), seguro o impuesto de circulación al día, no posee placas de matrícula o no puede circular. En esas condiciones, se considera un "residuo doméstico" y su propietario debe depositarlo en un "centro autorizado de tratamiento", es decir, un desguace o un concesionario, según consta en la legislación de 2002, "sin coste para el titular".
Cuando esa chatarra queda en la vía pública, el propietario incurre en una infracción leve de la Ley de Residuos y se expone a las citadas multas, falta que puede ser de carácter grave en caso de dañar seriamente el entorno. Las competencias sancionadoras recaen en los ayuntamientos, pero la Policía Autonómica asume la vigilancia en terrenos forestales para velar por la salud del medio ambiente y evitar el riesgo de incendios forestales. En esas funciones, el cuerpo elevó en 65 las denuncias tramitadas en 2015 hasta sumar 1.007, según consta en la memoria del cuerpo, dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta.
Los datos suponen un repunte de nuevo por encima del millar de casos, tras los 392 de 2012, los 1.055 de 2013, los 1.705 de 2014 y los 942 de 2015. Curiosamente, las denuncias se elevaron el 7% el pasado, a pesar de que las inspecciones de los agentes se redujeron un 43,2%, al pasar de 1.969 a 1.117, es decir, 71 menos al mes, de acuerdo con los datos del citado informe.
En Vigo, por ejemplo, el Concello retiró de la vía para su desguace 58 coches durante el último trimestre del año. En 2015 fueron 400, aunque no multó a los propietarios.
Las sanciones más elevadas, sin embargo, se refieren al abandono en medio de la naturaleza de residuos peligrosos, entendiendo por estos desechos, entre otros, aquellos "nocivos", "explosivos", "irritantes", "cancerígenos" o "infecciosos", según consta en la legislación estatal, que aplica las categorías comunitarias. Se castiga con entre 45.001 euros y 1,75 millones.
La Policía Autonómica realizó 46 inspecciones de esta clase de residuos en Galicia, así como de inertes y desechos de la construcción (ladrillos, cemento, piedra, material en mal estado?). Denunció 67 casos, si bien el informe de la Xunta no detalla cuántos casos se refieren a materiales peligrosos. En 2015 se tramitaron 29 y en 2014, 68.
Los vertidos incontrolados detectados se reducen casi a la mitad y alcanzan los 1.645
- La lucha contra los vertederos ilegales que jalonan los espacios naturales gallegos, carcomiendo ecosistemas como termitas de polución, constituye uno de los retos que cada año señala la Xunta como prioritarios. La cifra de estos basureros al margen de la ley detectados en los montes de la comunidad durante el año pasado se redujo casi a la mitad, pasando de 2.828 a 1.645, de acuerdo con los datos del balance de la Policía Autonómica correspondientes al ejercicio 2016.Sin embargo, las opciones de sancionar a los responsables disminuyeron en menor medida, pues las denuncias tramitadas pasaron de 1.305 a 1.180, es decir, un 10,5% menos, por motivos como que los responsables de varios puntos puedan ser los mismos.ElectrodomésticosEl mayor porcentaje de denuncias se refieren a residuos domésticos, como electrodomésticos o muebles, que supusieron 610 expedientes, por 411 de los desechos de la construcción y 37 de neumáticos. En el caso de las inspecciones, los datos son de 832, 648 y 39, respectivamente. El resto no están identificados en la información del cuerpo, dependiente de la Vicepresidencia.El Ejecutivo autonómico pretende elevar los castigos económicos por estas prácticas en entornos naturales. El anteproyecto de Lei do Patrimonio Natural de Galicia, en fase de tramitación desde febrero y cuyo envío al Parlamento está previsto para el inicio del año, según Medio Ambiente, se adapta a la legislación estatal y considera una falta muy grave "el abandono o depósito de residuos fuera de los lugares destinados al efecto". De una sanción máxima de 60.000 euros se pasa a una horquilla de 3.001 a 200.000.
