Un dispositivo de brigadistas con una formación mejor y más especializada y que además trabaje durante todo el año, cuando no sea extinguiendo fuegos dedicándose a labores de prevención y de formación. Esa es la receta de consenso a la que llegaron todos los agentes implicados en la policía forestal -Xunta, empresas, comunidades de montes, expertos, ecologistas- para mejorar la lucha contra el fuego en Galicia.
Así se proponía en las directrices pactadas por el grupo de trabajo que debían guiar la elaboración del nuevo plan forestal del Gobierno gallego, que revisa un documento de 1992. Tras sucesivos retrasos, el texto, que debe marcar la política forestal para los próximos 20 años, iba a presentarse a finales de este 2017. No obstante, la reciente ola ha llevado a la Xunta a "sopesar" cambios en la versión final.
En las directrices se enfatiza que una buena gestión del monte es la clave de bóveda para reducir el impacto de los fuegos, pero también entra a analizar aspectos concretos del dispositivo de extinción. Una de sus conclusiones es que no se debe dejar en manos de los concellos la contratación y formación del personal antiicendios. Las brigadas municipales, de hecho, son las que cuentan con una evaluación más baja en la encuesta cubierta por todos los agentes que redactaron estas bases. Suspenden con un 2,11 sobre 5, frente al 3,7 del personal de la Xunta y el 3,6 del del Ministerio de Medio Ambiente.
El consenso apunta a que no se reduzca el operativo, aunque también se apuesta por no incrementar el presupuesto de extinción. En concreto, las directrices establecen que debe promoverse un modelo con personal "cualificado, con buen nivel de formación, profesionalizado" y que trabaje "durante todo el año en tareas de extinción, formación y preventivas". Esa mayor caulificación incluye acciones específicas para mejorar la actuación en los incendios próximos a los núcleos urbanos, como los que la semana pasada sitiaron el área de Vigo.
"Poca prevención"
En cuanto a los trabajos de prevención, en el acta de una de las reuniones del grupo figura la conclusión de que "la poca prevención que se realiza son meras medidas de apoyo a la extinción", y se añade que estos trabajos deberían estar orientados a la puesta en valor del monte a largo plazo. En este sentido, las directrices apuntan que estas tareas han de procurar "valor añadido", de modo que tengan sentido como "inversión productiva en el monte en el marco legal vigente". No va más allá, pero se puede interpretar que sugiere, por ejemplo, el aprovechamiento de la biomasa derivada de las rozas.
A nivel de medios, el grupo de trabajo acordó varias ideas. Una de ellas, que todo el parque móvil de motobomas tenga dependencia directa de la Xunta. Ahora los concellos se encargan de una parte de estos vehículos. También reclama la elaboración de un mapa en el que figuren los medios y recursos disponibles en toda la comunidad.
Además, propone incrementar el sistema de investigación de incendios, hasta alcanzar un mínimo de dos agentes asignados a esta labor por cada uno de los 19 distritos forestales.
Otra de las medidas que las directrices del Plan Forestal consideran "más eficaces" en la batalla contra los incendios es fomentar la estructuras "en mosaico", esto es, que el monte no se dedique a un solo uso -los ecologistas critican el "monocultivo del eucalipto"-, sino que se varíen las especies de árboles y los aprovechamientos, "siempre a condición de una gestión activa".
En la fase postincendio, apuesta, con el voto particular de la Organización Galega de Montes Comunais en Man Común, por un sistema de seguro que indemnice por el valor de la madera quemada, y no por un tanto fijo por hectárea. Y descarta cobrar el coste de la extinción al propietario de las tierras abandonadas que hayan ardido.
Más masa arbolada, apuesta "decidida" por las frondosas autóctonas y freno al eucalipto
- En las directrices para el nuevo Plan Forestal se considera que los dos millones de hectáreas de superficie forestal actuales son suficientes. Sin embargo, dentro de ese total, sí que se aconseja incrementar la masa arbolada -ocupa 1,4 millones de hectáreas- frente al monte bajo. En ese contexto, se reclama "aumentar decididamente" la plantación de frondosas caducifolias autóctonas, como el castaño, el roble o el nogal, entre otras. También se piden más pinos, en especial de la variedad del país. Por el contrario, los redactores del documento acordaron "mantener o reducir" el eucalipto. Este punto contó con el voto particular de ENCE -principal consumidora de la madera de esta especie- y de la Asociación de Empresarios de Primeira Transformación da Madeira de Lugo. Sí que hubo consenso en controlar las acacias (otro árbol invasor australiano) allá donde están muy implantadas y erradicarlas en las zonas cuya población es incipiente. Las directrices defienden una amplia política de exenciones fiscales para evitar el abandono de los montes. Por ejemplo, se apuesta por eximir del IBI a aquellas parcelas que sean productivas, una vez pasen al heredero. También se apuesta por rebajas impositivas para aquellos que planten frondosas, que tardan más en dar rendimientos económicos.
