Cada dependiente gallego aporta de su bolsillo 1.378 euros para cofinanciar los servicios a los que tiene derecho en virtud de la Ley de Dependencia. El copago de los usuarios asciende a 67,7 millones de euros, según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, con datos de 2016.
Sufragar las ayudas a la dependencia, incluidas prestaciones económicas directas como servicios de atención a domicilio o en centros especializados, tuvo el año pasado un coste de 380,6 millones, de los cuales el 59% los aportó la Xunta (226,3 millones), el 23% corrieron a cargo del Estado (86,6 millones), y el 18% restante salió de las cuentas de los propios dependientes. En 2016, había 49.101 dependientes atendidos. En la actualidad, ya son 52.112 y 14.278 aguardan por una ayuda. Para reducir a cero la lista de espera, Galicia necesitaría 86 millones más.
Al Gobierno central por ley le correspondería ir al 50% con las autonomías, pero no cumple, y el mayor esfuerzo económico lo están realizando las comunidades.
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El copago de los gallegos no es el más elevado. Son los dependientes madrileños los que más aportan, veinte de cada cien euros. En el extremo opuesto, están los valencianos, que pagan doce de cada cien euros. ¿Y cómo es el esfuerzo de la Xunta, que destaca que ha logrado reducir la lista de espera para recibir ayudas del 65% de 2009 al 26% de este año y que para el próximo año inyectará 31 millones de euros con un alza del 9%? Pues es la comunidad que menos aporta. Costea el 59% de todo el presupuesto, frente a por ejemplo el 73% de Cantabria o el 72% de País Vasco o el 71% de Navarra y Valencia.
Precisamente, "la gran variabilidad entre regiones sin vectores explicativos razonables" es uno de los "puntos débiles" que subraya el informe de Fedea sobre el sistema de dependencia, puesto en marcha justo hace diez años. Fedea alerta contra un sistema de dependencia "de bajo coste y baja calidad", y plantea "promover una financiación y fuentes de financiación estables y predefinidas" , así como "evitar la indefinición del sistema e introducir reglas más claras y transparentes (concreción de prestaciones y criterios de coordinación, tiempos de espera y los eventuales copagos)".
En definitiva aboga por "un sistema sensato y estable, evitando ir por encima de nuestras posibilidades, donde los ciudadanos y profesionales sean plenamente conscientes de sus deberes y derechos".
Tipo de prestaciones
Un ejemplo de las diferentes formas en que las comunidades aplican la Ley de Dependencia es el tipo de ayudas que conceden. En Galicia, en junio de este año, la asistencia profesonal a domicilio suponía el 30% de las ayudas y el cheque para familiares que cuidan de sus mayores dependientes representaba el 23%. Sin embargo, en Baleares, el pago a hijas, esposas o nueras, pues la gran mayoría de los ciudadores son mujeres, significa el 67% de las prestaciones y la asistencia profesional en domicilio es del 3,1%.
Desde la Consellería de Política Social se apostó por primar las ayudas profesionales por considerarlas de mayor calidad y porque además permiten impulsar la creación de empleo. Galicia es de hecho, la comunidad con más prestaciones de asistencia profesional a domicilio (30%). No fue así siempre, cuando arrancó el sistema, las pagas a los familiares del entorno que cuidaban a sus dependientes eran mayoría.
