El Instituto Galego de Vivenda e Solo reconoce "practicamente 17 millones de euros" de "dudoso cobro" por parte de particulares que no pagan su renta de alquiler o la couta de la hipoteca de la vivienda pública en la que residen. A esta abultada partida, hay que sumar 1,8 millones de euros de recibos del año pasado que no se cobraron, pero que por el momento la Xunta no incluye en el capítulo de difícilmente recuperables.
Ante esta elevada "insolvencia", el organismo de la Xunta responsable de la política de vivienda provisionó el año pasado casi 17 millones para cubrir este agujero. En todo caso, desde el Gobierno autonómico aseguran que "no se renuncia a su cobro".
Explican que con la crisis económica el Ejecutivo decidió "flexibilizar" sus exigencias y permitió el "aplazamiento" de cuotas de alquiler y de préstamos tras comprobar la delicada situación por la que atravesaban muchas de las familias que viven en una vivienda de promoción pública.
Bajo ningún concepto quiso la Xunta ser la responsable del deshaucio de ninguna familia de pisos de su titularidad, cuando paralelamente negociaba con los bancos para reducir los deshauicios en la comunidad.
En todo caso, y a la espera de que su situación económica mejore, la Xunta les "notifica regularmente la deuda a los morosos para evitar su prescripción" y llegado el momento poder exigir su cobro.
El IGVS tiene recibos pendientes de cobrar desde el año 2000. Las deudas son muy variadas. Hay facturas pendientes de 29.335 euros y otras de 2.630 euros, 764,64 euros, o 40,59 euros. Por poner algún ejemplo. El pasado año, según los datos facilitados por la Xunta, se emitieron recibos de alquiler y préstamos por 9,2 millones de euros, pero sólo cobraron 7,3 millones. Por lo que en el último año los impagos ascendieron a 1,8 millones de euros.
Las viviendas de promoción pública están dirigidas a familias con pocos recursos y por esta razón han sido también las más vulnerables a la crisis. Al comenzar los impagos, la Xunta se comprometió a tratar de evitar los deshaucios y buscar alternativas a sus inquilinos para que no tuviesen que dejar sus casas. Esto significó que, a pesar de no pagar el alquiler, se permitió a los afectados continuar en el inmueble y en caso de que no fueran capaces de hacer frente al préstamo con el banco, la Xunta asumió la deuda para evitar la ejecución hipotecaria. A esta bolsa de pagos pendientes, se sumaron los recibos de la comunidad de vecinos, de luz o agua que también quedaron sin abonar.
El Instituto Galego da Vivenda e Solo tiene otros 37 millones de euros de "dudoso cobro", pero en este caso el moroso lo tiene en la familia. No son ciudadanos particulares con graves problemas para llegar a fin de mes. Es Xestur, Xestión do Solo de Galicia, empresa pública dependiente también de la Xunta que le adeuda 37 millones. El IGVS confía recuperar la partida con "las operaciones de venta de suelo empresarial" que tiene en marcha Xestur.
El problema es que para frenar la competencia del Norte de Portugal Xestur está aplicando unas rebajas importantes en sus precios. Algunas de hasta el 50%, lo que ha permitido reactivar las transacciones. Xestur también ofrece acuerdos a las empresas para ocupar elsolar a cambio de una especie de alquiler con derecho a compra y con varios años de entrada sin abonar un solo euro. Así que el IGVS habrá de armarse de paciencia para recuperar esos 37 millones de euros.
Un 6% más
El Instituto Galego de Vivenda e Solo cerró el año pasado con 58,6 millones de euros declarados como de dudoso cobro, al sumar los 19 millones por impagos de alquileres y préstamos de viviendas públicas, los 37 millonese que le adeuda Xestur y otras partidas menores. Es un 6% más que en 2015, cuando declaraba 55,3 millones.
El IGVS es quien tiene en depósito las fianzas de los pisos que se alquilan en Galicia. El año pasado sumaron 109 millones de euros, y aunque la Xunta puede utilizar hasta el 70% de esta partida para actuaciones vinculadas a la vivienda y la rehabilitación, lo cierto es que usa bastante menos. La previsión es que este año apartará 10 millones para subvencionar la rehabilitación de patrimonio en concellos.
En Galicia, es obligatorio que la fianza que el arrendatario deposita como garantía de que va a cuidar la vivienda y que se le devuelve cuando abondona el piso, si está en buen estado, la tenga en depósito la Xunta, y no el dueño de la propiedad. Es más, no hacerlo está castigado con multas entre 300 y 3.000 euros.
