Los municipios no están dispuestos a firmar un armisticio con el Ministerio de Hacienda en el pulso que mantienen para que este levante las restricciones impuestas en la reinversión del superávit local. Durante la primera mitad del año, el balance positivo se situó en 1.874 millones de euros, un 60 más que el obtenido en el mismo periodo de 2016.
Este dato fue alegado la semana pasada por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, para recordarle al ministerio dirigido por Cristóbal Montoro que mantienen su exigencia de mayor autonomía a la hora de decidir el destino de sus cuentas.
El corsé a las entidades municipales está plasmado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que limita a determinados campos la inversión de su superávit, vetando, por ejemplo, medidas como la construcción de escuelas infantiles, cheques sociales o planes de empleo. Esas restricciones provocaron que el año pasado la inversión municipal extra derivada del superávit -más ingresos que gastos- se redujese en 38 millones de euros. En total, concellos y diputaciones gallegas inyectaron en ese capítulo 45,4 millones en 2016.
Pacto en suspenso
Además, el pacto logrado para que en las cuentas estatales de 2018 se ampliase el plazo para decidir esas inversiones ha quedado, de momento, en papel mojado tras el giro del PNV, que ha negado el anunciado apoyo a los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy debido a su postura en la crisis catalana.
