"En mi casa, las patatas las recogen mis padres, los vecinos y hasta los niños. Es lo normal en el rural gallego", defendió ayer la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ante la apertura de expedientes por parte de inspectores del Ministerio de Empleo por el uso de personal no contratado en la recogida de patatas y en las labores de vendimia. Los afectados defienden que son familiares, amigos y vecinos que se prestan a ayudar pero sin contraprestación económica ninguna de por medio.
La titular de Medio Rural pidió a los inspectores de Trabajo, que en algunos casos, han realizado su labor acompañados de efectivos de la Guardia Civil, que "sean conscientes de la realidad gallega", y ésta pasa porque es "una tradición que los viticultores se ayudan unos a otros, y las familias ayudan a relizar labores en el campo los fines de semana. Ocurre con la patata, el vino, el ensilado del maíz, ...". "Es una tradición que hay que respetar y por supuesto tenemos que salvarla", remarcó Ángeles Vázquez.
La máxima responsable de Medio Rural ya ha solicitado a su equipo que le informe de los expedientes abiertos por el Ministerio de Empleo. "Me tengo que preocupar por mi sector", alegó para defender su intervención ante la polémica suscitada por las posibles multas a las que se enfrentan productores por solicitar la ayuda de amigos y vecinos para recoger la patata o la uva.
Ángeles Vázquez se posiciona con ellos. "Es lo normal. Lo veo normal porque soy del rural", aseveró ayer a preguntas de los periodistas. Eso sí, siempre que se trate de una colaboración desinteresada de familiares y amigos, y como se ha hecho durante décadas en Galicia. Es costumbre en muchos lugares y familias reunirse los fines de semana para recoger las patatas o las uvas y aprovechar para celebrar una comida familiar y de amigos, con la que los dueños de las plantaciones agasajan a sus colaboradores. También es normal que los vecinos de una parroquia se junten para recoger las patatas. Un día van todos a una finca, y otro día, a la de otro vecino.
La conselleira marcó la diferencia, en todo caso, con casos de productores que tengan trabajadores temporales "sin estar asegurados". Vázquez entiende que en el campo gallego debe haber controles como los hay en otros sectores, por ejemplo el de la hostelería, "por el bien del sector y de los trabajadores".
"Es cierto que cada día más la agricultura y la ganadería en Galicia es cada vez más profesional y se contrata personal para la vendimia y la recogida. Son inspecciones rutinarias", afirmó. Los sindicatos y los productores admiten que haya inspecciones, pero que los controles sean a los grandes productores, pero no a los pequeños.
Las inspecciones en la vendimia de Monterrei y Ribeiro y en la recogida de patata en A Limia, donde los funcionarios de Trabajo piden DNI o libro de Familia a quienes encuentran en las fincas, preocupa al resto del sector. El presidente de Horsal, una cooperativa agraria de Cambados que cerró el pasado año con una facturación de tres millones de euros, manifiesta: "Con los márgenes de ganancias tan reducidos en los que nos movemos, si ni siquiera podemos echar mano de los familiares o vecinos en algún momento del año el campo dejaría de ser sostenible".
Alberto Amil plantea que hay infracciones "mucho más graves de las que ocuparse", y plantea que en cualquier caso los agricultores no hacen un uso abusivo de las colaboraciones familiares.
Desde Unións Agrarias, su secretario general Roberto García teme que, de cara a los meses de invierno, las labores de control de Trabajo se extiendan a otras áreas de Galicia en las que se acostumbra a prestar colaboración familiar o vecinal de forma desinteresada, como las matanzas.
Desde antiguo, es una estampa habitual, por ejemplo, en la comarca del Deza que los vecinos ayuden en el ensilado, la recogida de espigas de maíz y en tareas que ahora se sustituyeron con máquinas, como la malla de trigo o centeno. "Deza no tiene empresas grandes que contraten a temporeros, así que no vamos a tener riesgo de trabajadores temporales sin contrato", asegura, al tiempo que recuerda que en esa situación de ilegalidad podrían encontrarse, a escala gallega, un número muy reducido de empresas. Las multas a que se enfrentan por obviar la cotización a la Seguridad Social de esos temporeros oscilan entre los 3.126 y los 10.000 euros. Y, además, los propios temporeros tendrán que afrontar una sanción si resulta que son jubilados o desempleados.
Trabajo de buena vecindad
Unións Agrarias observa que el Estatuto de los Trabajadores, cuya última reforma se aprobó en 2016 reza, en su artículo 1, que quedan excluidos de esta normativa "los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad", así como los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes lo llevan a cabo. Se entiende por familiares, siempre que vivan con el empresario, el o la cónyuge, los descendientes y ascendientes y demás parientes hasta el segundo grado inclusive por consaguinidad o adopción. La normativa está clara, pero desde Unións exigen que se clarifique todavía más.
El sindicato apela también a que Medio Rural actúe, sobre todo porque estas inspecciones obligan a los dueños de explotaciones a recurrir a una gestoría o a un abogado para demostrar que no utilizan temporeros de forma fraudulenta, con lo que tienen que soportar un gasto a mayores en caso de que no estén afiliados a ningún sindicato que pueda realizarles esta gestión.
Unións Agrarias denuncia que los controles de Trabajo son la gota que colma el vaso de la paciencia de los agricultores, pues antes sufrieron el catastrazo (regularización de naves y galpones), después la revisión de la transmisión de derechos de pago único de la PAC, y los tributos por las permutas de fincas que antes no se pagaban. "Van contra el rural", lamenta Roberto García.
