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Los efectos del fin de la crisis en la actividad judicial

El fin del 'tasazo' y la caída de pleitos desploman la recaudación judicial un 76%

Hacienda ingresó el año pasado 3,2 millones de euros procedentes de Galicia, frente a los 13,6 millones de 2013 -Es la cuarta comunidad con el descenso más acusado

Los ingresos por tasas judiciales de 2016 se retrotraen a 2006 // FARO

La supresión del 'tasazo' impuesto por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón y la pronunciada caída de los litigios vinculados a la crisis han llevado la recaudación por las tasas judiciales a niveles de hace una década. En 2016 la hacienda pública ingresó 3,2 millones de euros generados en Galicia por este concepto, una cifra que en su apogeo, tres años atrás, había alcanzado los 13,6 millones.

El desplome es general en todo el Estado y, detrás de las dos Castillas y La Rioja, Galicia se sitúa como la cuarta comunidad en la que más desciende porcentualmente. En comparación con el máximo histórico, alcanzado en 2013, Hacienda obtuvo el año pasado un 76% de ingresos menos procedentes de la comunidad, mientras que en el conjunto de España la bajada se quedó en el 62,7%.

El citado 2013 fue el primer ejercicio completo de aplicación del modelo de tasas impulsado por el primer titular de Justicia del Gobierno Rajoy. Desde ese momento, cualquier ciudadano que quisiese acceder al sistema judicial, excepto por la vía penal, se vio obligado a abonar este gravamen, que antes estaba reservado a determinadas empresas. Ese ejercicio se triplicó la recaudación en Galicia con respecto a 2012. En todo el Estado se ingresaron 315,5 millones, que en 2016 cayeron a 117, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

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Efecto disuasorio

Los ingresos al año siguiente, con las tasas todavía en vigor, registraron una caída del 8% en la comunidad, hasta los 12,4 millones. El expresidente del Consello Galego da Avogacía Evaristo Nogueira atribuye este descenso al efecto disuasorio que las tasas tuvieron sobre los demandantes, sobre todo a la hora de recurrir un sentencia emitida en primera instancia. Muchos ciudadanos de a pie, recuerda, se echaban para atrás al tener que afrontar un pago de un mínimo de 600 euros para apelar.

A principios del 2015 el Gobierno, ya con Rafael Catalá en Justicia, rectificó la ley de su predecesor. La estadística es elocuente; ese año a las arcas públicas llegó desde los juzgados gallegos casi la mitad de dinero. Fueren 6,4 millones, frente a los 12,4 del ejercicio previo. En este momento, además, entra en juego un segundo factor. El número de pleitos empieza a caer, arrastrado por la menor litigiosidad en casos relacionados con la crisis, como los embargos, los despidos, los concursos de acreedores, los impagos o los desahucios.

La tendencia se mantuvo en 2016, cuyos datos tienen carácter provisional, de modo que la recaudación bajó a 3,2 millones de euros, una cuantía propia de la primera década del siglo. En 2007 no llegó a dos y en 2008 ascendió hasta 4,2.

Por provincias, A Coruña, la que más aporta a Hacienda por este tributo, fue también la que registró un descenso porcentual menor en el periodo 2013-2016, aunque muy acusado, en todo caso. Pasó de 6,2 millones a 1,8, un 71% menos. En Pontevedra la recaudación cayó de 4,4 millones a 840.000 euros (-80,9%). También bajó del umbral del millón en Ourense, de 1,4 millones a 263.000 euros (-82%), y en Lugo, desde 1,4 a 361.000 (-75%).

El 'tasazo' de Gallardón suscitó un rechazo generalizado en todo el estamento judicial y logró poner de acuerdo, en su contra, a jueces, fiscales y letrados. El expresidente de los abogados gallegos y exdecano del Colegio de Santiago comenta que él mismo vio como muchas personas dejaban de apelar un sentencia por culpa del gravamen. "Hay un 30 o 35% de sentencias que se revocan en segunda instancia", apunta, por lo que dificultar la posibilidad de acudir a una revisión "limitaba la tutela judicial efectiva", garantizada en la Constitución. "Para la gente normal hizo mucho daño, a los poderosos (entidades financieras, grandes empresas) no les suponía un problema abonarlas", critica.

De hecho, cerca de un año después de que el Gobierno las hubiese retirado, el Tribunal Constitucional falló en su contra.

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