En pleno mes de agosto, los inspectores de la Xunta empezaron a rastrear los puntos más turísticos de la comunidad para comprobar el alcance del proceso de regularización tras la entrada en vigor del decreto para viviendas vacacionales el pasado mes de mayo. Entre otras características, la nueva normativa define como viviendas de uso turístico aquellas cedidas a terceras personas dos o más veces al año, a cambio de una contraprestación económica, para una estancia inferior a 30 días.
En la provincia de Pontevedra, Vigo, Sanxenxo, O Grove, Cangas, A Illa o A Guarda y en la provincia de A Coruña, Muros, localidades de A Costa da Morte o Santiago están en la lista de zonas rastreadas por los inspectores de la Xunta, según detallan desde Aviturga. En casa visita, se pregunta de todo al inquilino. Desde los datos personales del veraneante y del dueño o si alquiló la vivienda entera o por habitaciones y por cuánto, hasta si es contrato directo o a través de un intermediario y cuánto tiempo van a aojarse en ese piso o casa.
Competencia
La Xunta sigue a la espera de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las alegaciones que presentó el pasado mes de mayo a su requerimiento sobre las restricciones de la normativa autonómica.
En el escrito del pasado mes de abril, Competencia amenazaba con impugnar el decreto ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) si el Gobierno gallego no introducía cambios sustanciales en su contenido mediante la "supresión o modificación de distintos artículos".
La CNMC, que aún no ha deliberado sobre la alegaciones de la Xunta, advertía entonces de que la normativa gallega contiene "restricciones innecesarias", establece requisitos excesivos y además discrecionales para desarrollar la actividad, incrementa injustificadamente los costes para que entren nuevos operadores en el mercado y es contraria a la normativa nacional y de la Unión Europea.
