Los extranjeros que residen en Galicia de forma estable y carecen de papeles y de recursos económicos suficientes (no se pasan del Iprem, fijado en 537 euros al mes) tienen garantizada la asistencia sanitaria dentro de los límites geográficos de la comunidad a través del Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública siempre que no tengan derecho a ella por otra vía y lleven empadronados en la comunidad medio año. En la actualidad, al menos un millar de irregulares cumplen esos requisitos y están acogidos a la posibilidad que ofrece el Ejecutivo autonómico tras habilitar una vía propia para que los irregulares que perdieron el derecho a la disponer de tarjeta sanitaria por un decreto estatal hace ya un lustro pudieran acceder a un médico de familia o a un especialista "con la misma cobertura que la tarjeta sanitaria".

En concreto, según datos facilitados por la Consellería de Sanidade, son en total 997 los "sin papeles" que están anotados ahora en el programa, que requiere inscribirse y cumplir con una serie de trámites burocráticos, aunque desde que se creó se beneficiaron de la medida un total de 3.860 inmigrantes. La iniciativa está pensada como una solución de carácter temporal -hasta la "regularización" de la situación, apunta el Sergas- y una parte de los beneficiarios se da de baja cuando accede a un nuevo régimen, por ejemplo si encuentra un trabajo.

La solicitud para anotarse, como enfatizan desde el departamento dirigido por Jesús Vázquez Almuíña, "es sencilla" y puede realizarse "en cualquier centro de salud" de la comunidad y de hecho la administración asegura trabajar codo con codo con las asociaciones de atención a inmigrantes para que mejore la información sobre el programa a disposición de los colectivos y más personas puedan beneficiarse de sus ventajas, que van más allá del mínimo garantizado por el Estado (solo urgencias, a no ser en embarazos y menores).

Galicia, pionera

Además de Galicia, que fue pionera al disponer el programa como de atención a la salud pública desde el mismo momento en que los inmigrantes quedaban desprotegidos (en aquel momento nueve mil "sin papeles" tenían tarjeta sanitaria, según la Xunta), casi todas las autonomías han dispuesto de alguna solución para los irregulares en los últimos años, según la organización REDER. Solo no contempla ninguna medida Castilla y León, además de las ciudades de Ceuta y Melilla, apunta en un informe e el que denuncia que desde que entró en vigor el decreto de 2012 que se limita la asistencia, un total de 3.340 personas no fueron atendidas en todo el país.

Desde Sanidade explican que la implantación del programa priorizó la "continuidad asistencial" de las personas, "asegurando que quien lo precise pueda recibir la asistencia sanitaria que requiera".