Cientos de agricultores y ganaderos gallegos han recibido a lo largo de los dos últimos meses requerimientos fiscales por la transmisión de derechos de sus tierras o granjas. Los afectados sostienen que no han cometido fraude alguno con las cesiones de derecho de pago único de la PAC (Política Agraria Común) ya que la práctica totalidad son explotaciones agroganaderas que dejan los titulares a sus hijos tras jubilarse, según avanzó la semana pasada este periódico. Pero la Agencia Tributaria advierte de que pese a la gratuidad de las transmisiones, es decir "sin contraprestación" y que por tanto no son "onerosas", también deben rendir cuentas con el fisco "tanto en renta (como ganancia de patrimonio) como en IVA (autoconsumo)".
"Hacienda parte de que hay un contrato y una contraprestación, cuando no la hay. No ha habido venta alguna, sino que se trata de una explotación familiar, que pasa de padres a hijos", explica el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García. "Reclaman el contrato de un IVA imaginario"; cuestiona el responsable del sindicato agrario.
Pero el departamento que dirige Cristóbal Montoro no da marcha atrás en su rastreo. "La propia normativa tributaria establece en casos como estos (sin contraprestación) la transmisión tributaria; tanto en Renta como en IVA", sostienen desde la Agencia Tributaria, que niega que los requerimientos hayan llegado a miles de contribuyentes en la comunidad. "Hasta ahora serán unos cientos, pero si se tiene en cuenta el número de cesiones de los últimos cuatro años, los no prescritos, son unos 10.000", detallan desde Unións Agrarias.
"Esto es solo el comienzo", apunta García, quien se refiere a este proceso como una "campaña sin precedentes" en la comunidad gallega y de la que el sector no tiene constancia en otras comunidades, al menos de "forma masiva".
Desde la Agencia Tributaria aclaran que esta regularización "no es novedosas" ya que se ha realizado en otros puntos del territorio nacional. Hasta la fecha, según apuntan, no tienen constancia de alegación alguna por parte de los contribuyentes de que no existiera contraprestación. "Los datos oficiales de los que dispone la Agencia, procedentes de organismos públicos, muestran que los contribuyentes sí han atribuido un valor por esa contraprestación", explican desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro.
Los contribuyentes afectados disponen de un plazo de diez días desde que reciben la notificación de Hacienda para presentar alegaciones. El sindicato Unións Agrarias asegura que ya hay afectados que han recurrido, pero sin presentar la documentación que les ha sido requerida por la Agencia Tributaria ya que, argumentan, es "inexistente". "
"Si no hay contrato, no hay beneficio, por tanto no se va a crear un contrato ficticio", cuestionan desde el sindicato agrario, al tiempo que lamentan que la Consellería de Medio Rural y el propio Ministerio de Agricultura no hayan intervenido porque son "conocedores" de los casos que se dan en el territorio gallego con la cesión de derechos de la PAC. "Son ellos quienes dan los datos a la Agencia Tributaria y no les explican que se trata de explotaciones familiares, que se transmiten de padres a hijos cuando llega la jubilación", lamenta Roberto García.
"Estas actuaciones se realizan según lo establecido en la normativa reguladora del IRPF y el IVA y en las correspondientes interpretaciones realizadas por la Dirección General de Tributos", aclaran desde la Administración central. Nada más conocer los primeros requerimientos del fisco, Unións Agrarias advertía de que no hay base legal ni económica para que estos requerimientos puedan prosperar: "No tienen carácter oneroso, no ha habido trasvase de dinero", señalan.
