El corsé impuesto por el Ministerio de Hacienda a municipios y diputaciones y las restricciones a su autonomía de gasto han provocado que el año pasado la inversión adicional de estos derivada de su superávit se desplomase un 45% y, por tanto, no invirtiesen casi 37,8 millones de euros respecto al ejercicio anterior. En 2015, la cifra de desembolso vinculada al excedente económico municipal rozó los 83 millones mientras que el año pasado se quedó en 45,4. También fueron menos los consistorios que pudieron acometer actuaciones en este terreno, pasando de 74 a 65 y de cuatro diputaciones se pasó a tres, si bien el descenso de estas fue del 50% -29,2 millones de inversión en total- frente al 28% de los municipios -16,1 millones-.
Hace cinco años, el Gobierno central aprobó la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que forzaba a los municipios a cuadrar sus números. En caso de superávit, es decir, de tener más ingresos que gastos, su margen de actuación quedó determinado. Primero, deberían pagar facturas en el cajón aplazadas de otros ejercicios y después, amortizar deuda financiera y "financiar inversiones financieramente sostenibles que contribuyan a l crecimiento económico a largo plazo de modo que no incurra en déficit". Mediante esta fórmula, el Ejecutivo establecía en qué apartados podía una entidad local gastar sus recursos adicionales. Se trata de programas de "tráfico y estacionamiento, vías públicas, parques y jardines, protección del patrimonio histórico-artístico, carreteras, caminos vecinales y gestión del patrimonio", según la normativa del departamento de Cristóbal Montoro, que debe autorizar cualquier inversión superior a los 10 millones de euros.
Los concellos llevan tiempo clamando contra esas limitaciones, a las que se añaden los problemas de tiempo. "Los municipios conocemos si tenemos superávit o no en abril y, además de destinar una parte a la deuda, la licitación de un proyecto se puede llevar nueve meses, siempre que tengas todo preparado, por lo que es difícil ejecutarlo en un año", expone el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y regidor de Vigo, Abel Caballero. De hecho, en la ciudad olívica tratan de adelantar la planificación. "Nosotros en el tema de las humanizaciones de calles preparamos los proyectos desde el año anterior", ilustra sobre una antelación de difícil aplicación en municipios de pequeño tamaño por falta de personal.
La opción de que haya vecinos que planteen reclamaciones y retrasen la redacción de los proyectos se añade como otro problema en cuanto a los tiempos de tramitación.
A ello se une la falta de libertad para reinvertir. "Los municipios debemos gastar en lo que quiere Hacienda. No nos deja hacerlo en planes de empleo, en cheques sociales o en política social, por ejemplo. Tampoco podemos construir un polideportivo o una escuela infantil. No nos deja libertad, que es lo que queremos, reclamamos la autonomía local", añade Caballero, cuyo consistorio tiene 18 millones de euros previstos por el superávit para invertir a lo largo de este año.
La FEMP consiguió un margen de tiempo extra para la próxima inversión, pues los presupuestos de este año y el techo de gasto -otro condicionante para los concellos- se aprobaron en junio. Dispondrán de este año y el próximo para ejecutar el superávit vinculado a las liquidaciones de este ejercicio.
La Diputación de Pontevedra, en el quinto puesto estatal
- Solo tres entidades locales gallegas se cuelan en la relación de Hacienda, que revela únicamente las diputaciones que superan una inversión "financieramente sostenible" de superior a los 5 millones de euros y los municipios que elevan su desembolso por encima de los dos. En el listado relativo al año pasado, solo se cuelan tres entidades gallegas: las diputaciones de Pontevedra y Ourense y el concello coruñés de Oleiros.La institución provincial pontevedresa se sitúa en el quinto puesto de gasto estatal con un desembolso de 15,3 millones de euros, solo superada por las de Valencia (74), Sevilla (36,8), Málaga (24,1) y Zaragoza (16,5). Cerca de ella se sitúa en séptimo puesto la ourensana, con 11,1. Oleiros, con 4,5 millones, se encuentra en el octavo puesto de una relación que encabeza Madrid con 110 millones, cinco veces más que los casi 21 de Valencia.Los municipios y diputaciones de toda España dispusieron el año pasado de 2.687 millones de euros para las inversiones adicionales gracias al superávit y de 384 para amortizar deuda, a partir de las previsiones de Hacienda sobre el cierre del ejercicio 2016. De esas cifras, 1.694 millones se corresponderían a la inversión de los únicos 52 ayuntamientos autorizados a un desembolso "financieramente sostenible" superior a los 10 millones. Sin embargo, las cifras reales no llegaron ni de lejos a esas magnitudes.Según el último balance de Hacienda, la inversión total superó los 696 millones de euros, lo que supuso una mejora de 33 millones. En cuanto a las entidades locales, fueron 1.043 las que aplicaron este gasto extra, 69 más que en 2015.
