Con las transacciones que en las que haya ganancia, los ayuntamientos seguirán aplicando el impuesto de plusvalía como hasta ahora. La base imponible se calcula en función del valor catastral y del tiempo transcurrido en propiedad del inmueble, solar o local comercial que se venda o herede. Para las operaciones en que haya minusvalías, el contribuyente tendrá que aportar documentación que lo acredite para no pagar. El cambio normativo, sin embargo, no impedirá que la cantidad a pagar al ayuntamiento sea superior al beneficio. Y es que un contribuyente puede llegar a desembolsar más de 10.000 euros por el impuesto de plusvalía con independencia de que haya ganado 100, 1.000 o 100.000.
El coeficiente de los concellos que aplican esta ley para gravar cada transacción en suelo urbano va del 10% al 30%. Burela es el concello con el más bajo, seguido de Gondomar (15%); Sada, Mondariz-Balenario, Muíños, Nogueira de Ramuín y Quiroga (16%). De los 115 municipios gallegos que cobran la plusvalía -un impuesto de carácter voluntario-, 54 optan por los tramos entre el 25% y el 30%.
Al gravamen máximo se enfrentan los contribuyentes de ocho ayuntamientos: Vigo, Redondela, Fornelos de Montes, O Rosal y Salvaterra de Miño, en Pontevedra; y Coristanco, Ponteceso y Oroso, A Coruña.